MANAGUA, Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua anunció que a partir del 1 de febrero se realizarán los juicios contra los opositores acusados de ser agentes extranjeros, al recibir recursos procedentes de otros países para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como violentar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Seguridad Soberana.
«A partir del día uno de febrero del año 2022, en estricto apego a la Constitución y las Leyes de la República, y dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar», detalló la institución.
El 5 de junio de 2021 fue detenido el aspirante a la presidencia de la República, Arturo Cruz, en el aeropuerto internacional de Managua, Augusto C. Sandino, cuando regresa de Estados Unidos, país donde fue embajador de Nicaragua, nombrado por el presidente Daniel Ortega tras su retorno al poder en 2007.
A la detención de Cruz, le sucedieron las capturas de los también aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, señalados entonces de «terrorismo» y «conspirar contra la soberanía del país», además de José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Luis Rivas Anduray, Gerente General del Banco Grupo Promerica (Banpro) y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, Gerente General del diario La Prensa.
La lista de detenidos también la integran: las dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS): Dora Téllez, Ana Vigil y Suyén Barahona, las liberales Violeta Granera y Fernanda Flores (esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), Michael Healy y Álvaro Vargas, directivos del COSEP, entre otras personalidades políticas ligadas a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, que suman cerca de medio centenar capturadas entre junio y noviembre de 2021.
El Ministerio Público los cataloga de «criminales y delincuentes» que han reincidido en delitos contra la sociedad, además de promover el fallido golpe de Estado de 2018 que provocó la muerte de 300 personas y más de 27.000 millones de dólares en pérdidas, también son acusados de solicitar a Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) sanciones contra el Gobierno y bloqueo económico contra Nicaragua.
«Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, incluso, una vez más, han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica», agrega.
La Fiscalía además los señala de celebrar la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses.
El pasado 11 de diciembre, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de «terroristas» y «criminales» a los opositores capturados, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica como presos políticos que hay que liberar.
«Son criminales, claro que sí. Eso no se debe olvidar, eso está fresco, fue en 2018, pero a pesar de todo, se les puso en libertad por el indulto (2019), pero volvieron a lo mismo», dijo Ortega entonces.
Después de descalificar las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega resultó ganador con el 76% de los votos, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que insta al Gobierno de Nicaragua a que, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los «presos políticos» y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel para llegar a un «acuerdo», reza el documento, aprobado con 25 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones el pasado 8 de diciembre.
El Ministerio Público afirmó en el comunicado de este 31 de enero que respetará en el proceso los «derechos constitucionales» de los procesados, así como el respeto a las leyes de la República. (Con información de Sputnik).
