TEGUCIGALPA, Honduras
A la víspera de la investidura de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se filtró una lista de los funcionarios que la acompañarán -al menos inicialmente- en el manejo del país, lo que dejó sensaciones variadas en una población que se ha inmerso en las esperanzas de cambio.
La contrariedad de la mandataria a su predecesor, el nacionalista señalado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, permitía advertir, o al menos sostener la expectativa, de que atrás quedarían algunas prácticas que conllevan un oscilante grado de rechazo popular.
El respaldo soberano a Castro quedó más que evidenciado en una votación sin precedentes el pasado 28 de noviembre, depositándole la confianza de conformar un gobierno que permita pasar la página del trago amargo de latrocinios recién vividos, de los cuales emanaron cientos de denuncias de palpable impunidad.
Empero, aunque muchos de los involucrados tienen un prestigio y un amplio currículum que les respalda, la enumeración de las 40 nuevas autoridades ha sido señalada de tener marcados rasgos de nepotismo y un sustancial porcentaje de reciclaje de funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, cónyuge de la actual mandataria.
La consideración del presunto favorecimiento a familiares se derivó del nombramiento de su hijo, Héctor Manuel Zelaya, como secretario privado y de su sobrino, José Manuel Zelaya, como titular de la Secretaría de Defensa.
En términos de preparación, a Héctor Zelaya lo respalda su trabajo efectuado como gerente de la campaña triunfadora en el pasado proceso electoral. También cuenta con el sustento académico de su maestría en asesoría de imagen y consultoría política y la especialidad en gestión de gobierno.
Además, según lo descrito en el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, su posición no está contemplada bajo la figura de una secretaría de Estado.
En tanto, el padre de José Manuel, el diputado Carlos Zelaya, declaró que su hijo fue considerado para el cargo porque «es una persona de suma confianza».
Resaltó la importancia de la cualidad en mención al afirmar que es a través de la Secretaría de Defensa que se fraguan golpes de Estado.
José Manuel Zelaya es un abogado con especialidad en derecho internacional y también fungió como director de asuntos electorales en Libertad y Refundación (Libre).
Con la adición de ambos, serán cinco los integrantes de la familia Zelaya-Castro que figurarán en el nuevo engranaje gubernamental.
Xiomara Castro, Héctor Zelaya y Juan Manuel Zelaya estarán en el Poder Ejecutivo, mientras que Carlos Zelaya y la hija de la presidenta, Xiomara Hortensia Zelaya, serán representantes del Congreso Nacional.
No existe una normativa que prohíba que funcionarios nombren a sus parientes en cargos públicos, por lo que, bajo el concepto -que es, incluso, constitucional (artículo 70)- de que lo que la ley no prohíbe, lo permite, no habría ningún inconveniente.
Sin embargo, sí adversa las críticas efectuadas por actores de oposición al exgobernante Juan Orlando Hernández por un presunto nepotismo al nombrar a su ahora fallecida hermana, Hilda Hernández, como «ministra asesora» en la Secretaría de Estrategia y Comunicaciones.
Al ser cuestionado sobre el abuso, Hernández respondió que ella no manejaba presupuesto ni ningún tipo de cartera y, por tanto, no podía ser considerada como una secretaria de Estado.
La Constitución se refiere al tema únicamente en el artículo 263, en el que establece que no pueden ser presidentes, gerentes generales o directores generales de instituciones descentralizadas, el cónyuge o la cónyuge, los parientes del presidente de la República y de los designados presidenciales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Otro aspecto que ha sido objeto de críticas es que Castro designó como funcionarios a varias personas que ya habían servido al país en puestos de la misma -o similar- envergadura cuando su esposo fue el presidente de Honduras entre 2006 y 2009, año en el que fue derrocado.
Una indagación de este periódico arroja que al menos ocho de lo nuevos funcionarios tuvieron un papel dentro del Poder Ejecutivo cuando gobernó Mel. Incluso, algunos de ellos pasaron por procesos judiciales relacionados a su labor.
La abogada Rixi Moncada renunció a su posición como integrante propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirse en la nueva secretaria de Finanzas, sucediendo a Luis Mata.
En el denominado gobierno del Poder Ciudadano, ella sirvió como titular de la Secretaría de Trabajo, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y también como presidenta de las juntas directivas del Instituto de Formación Profesional (Infop) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Se le acusó en su momento de autoridad y fraude por la supuesta sobrevaloración en el alquiler de un edificio para la ENEE, pero fue sobreseída.
La economista Rebeca Santos fue secretaria de Finanzas desde junio de 2006 hasta que Mel salió del poder y fue acusada de fraude por, supuestamente, autorizar el retiro de 27 millones de lempiras de la Tesorería General de la República para la cuarta urna, pero fue desligada de esa imputación.
La presidenta Castro confió en ella para que sea la nueva presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), aunque primero se deberá solventar la situación de la abogada Miriam Guzmán, a quien el gobierno saliente -en una acción que generó múltiples críticas- le otorgó el cargo solo días antes de la llegada de la nueva administración.
En tanto, el economista Marcio Sierra, quien fue subsecretario de la presidencia, ahora será el titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El abogado Eduardo Enrique Reina renunció como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para ser el nuevo canciller de la República. Con el expresidente Zelaya fue secretario privado y ministro de comunicaciones.
El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización es el profesional del derecho Tomás Vaquero. En 2008, Mel lo nombró titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el año siguiente, después de haber vacado, se le acusó de abuso de autoridad.
Por su parte, Rodolfo Pastor de María Campos hará la transición de cuando fue representante de asuntos políticos y encargado de negocios en la Embajada de Honduras en Washington durante el gobierno de Zelaya a secretario del Gabinete con Xiomara Castro.
El reconocido exfiscal general Edmundo Orellana fue apuntado como ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Al arranque del gobierno del Poder Ciudadano, Orellana fue secretario de Defensa, pero en 2008 reasignado para ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La nueva subsecretaria de Derechos Humanos es Natalie Roque, quien en el último mandato liberal fue directora de la Hemeroteca Nacional, una instancia adscrita a la Secretaría de Cultura.
De los 40 funcionarios que anunció la presidenta, 31 corresponden a Libre, dos del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Liberal, uno de Honduras Humana y cuatro sin una entidad política.
Un total de 30 de ellos son hombres, es decir, el 75 por ciento, mientras que las 10 restantes son mujeres, quedándose con el 25 por ciento, una cifra que ha sido valorada como corta ante la expectativa de un gobierno que propicie más apertura para el sexo femenino.
«Pensé que la mujer tendría un papel más importante, que sería tomada más en cuenta en los grandes puestos de los tomadores de decisiones», dijo al respecto la economista Karla López.
Además, en su primer discurso como presidenta, Castro destacó que con su elección se demuestra que las mujeres están «rompiendo cadenas y tradiciones».
La aparición de críticas por la nómina ha sido desestimada por algunos expertos, quienes han considerado que la misma está enfocada en que el Castro esté rodeada de personas con pericia pero que también tienen una probada lealtad, indispensable para el funcionamiento del gobierno que busca desarrollar.
