Administración de Hernández marcada por irrespeto a la Constitución y a la institucionalidad

TEGUCIGALPA, Honduras Irrespeto a la Constitución, aumento de pobreza y destrucción de la institucionalidad es el resultado de la administración del mandatario Juan Orlando Hernández, según valoraciones de expertos. Hernández concluirá su mandato presidencial este 27 de enero, envuelto de muchas críticas durante su gestión gubernamental, además de estar marcado por una reelección presidencial que contradice los preceptos constitucionales. Expertos consultados por El Pulso realizaron el siguiente análisis del gobierno Hernández Alvarado. SOCIALPOLÍTICO. El analista...
Selvin Sánchez27 enero, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras

Irrespeto a la Constitución, aumento de pobreza y destrucción de la institucionalidad es el resultado de la administración del mandatario Juan Orlando Hernández, según valoraciones de expertos.

Hernández concluirá su mandato presidencial este 27 de enero, envuelto de muchas críticas durante su gestión gubernamental, además de estar marcado por una reelección presidencial que contradice los preceptos constitucionales.

Expertos consultados por El Pulso realizaron el siguiente análisis del gobierno Hernández Alvarado.

SOCIALPOLÍTICO. El analista político Julio Navarro, detalló como queda el panorama social después de ocho años de Hernández en la presidencia.

Indicó que hubo una destrucción de la institucionalidad que condujo a una degradación de los poderes del Estado.

Asimismo, dijo que desarrolló los mayores actos de corrupción e impunidad en la historia del país.

“Puso primero la voluntad del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes degradó la representación política de las fuerzas partidaria a través del Congreso Nacional y las municipalidades”, valoró.

Agregó que Hernández se encargó invisibilizar los movimientos sociales, gremios, sindicatos.

“Solo la empresa privada se mantuvo, porque se sometió a los designios del poder bajo amenazas y algunos se volvieron socios del Estado de Honduras a través de concesiones”, expuso.

Navarro comentó que algunas instituciones como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sacrificaron su sostenibilidad para favorecer a la facción privada.

Valoró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional perdieron su identidad y autonomía para estar al servicio del mandatario.

“No deja un Estado caótico sino, un Estado estructurado para responder con vitalidad a favor de la corrupción e impunidad”, dijo.

SISTEMA JURÍDICO. El abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, declaró que el evento que marcó la administración de Hernández fue la condena de su hermano Antonio Tony Hernández por narcotráfico, tras ser juzgado en un tribunal de Nueva York.

“Durante la sentencia el juez Kevin Castell, dijo que Honduras tiene un narco gobierno y las FFAA se han convertido en quienes cuidan a los narcotraficantes y el tráfico de cocaína”, expresó.

Aseguró que también existió un alto grado de autoritarismo durante el gobierno saliente.

Según datos brindados por Mejía, indicadores internacionales señalan lo siguiente.

Proyecto de Justicia Global, describe que en Honduras es débil en la vía de la democracia y no hay dependencia de poderes.

El Fondo para la Consolidación de la Paz, detalla que Honduras, está cerca de ser un Estado fallido.

El Índice Global de la Impunidad, Honduras ocupa el primer lugar de impunidad en América Latina y es el segundo a nivel mundial, ya que no hay un investigación y castigo de los delitos.

Para la Comisión Interamericana de los Derecho Humano (CIDH), en el país existe una corrupción generalizada e impunidad estructural.

De acuerdo el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la situación de DDHH es grave por la dependencia de las actuaciones del Poder Judicial.

Además, el profesional del derecho recordó algunos de los eventos políticos que fueron seriamente criticados por la población cuando presidió el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

“En 2012 se destituyó de manera ilegal la Sala de lo Constitucional, un año después se violentó el artículo nueve de la Constitución al aprobarse la ley de las Zonas de empleo y Desarrollo Económico (Zedes)”, expuso.

Agregó “En 2015 la Sala Constitucional resolvió en una sentencia que la reelección presidencial era legal irrespetando la Norma Suprema y dos años después violentó la soberanía imponiéndose a través de un fraude electoral”.

REALIDAD ECONÓMICA. Para el economista, Héctor Alvarado, explicó que el gobierno saliente enfrentó dos desafíos principales, la crisis sanitaria y las tormentas tropicales Eta y Iota, a pesar de eso hubo una recuperación de las finanzas.

Cuestionó el mal manejo presupuestario, lo cual generó un incremento de la deuda externa.

“Si cuantificamos la deuda total en términos del Producto Interno Bruto (PIB) esta representa un 70 por ciento. Más allá de ese indicador, lo preocupante es lo oneroso del pago de intereses que absorben el 30 por ciento del gasto público”, desglosó.

Planteó que al no contar con esa parte del gasto público se reducen las inversiones sociales en temas de educación, salud y producción.

Según su estimación, la pobreza tuvo un aumento del 59 por ciento, cifra registrada en 2009, hacia un 70 por ciento durante la gubernatura de Hernández.

En cuanto al mercado laboral, planteó que se registró un aumento del 10. 8 por ciento del desempleo, hubo un creciente en el subempleo, es decir, que la persona trabaja más de la cuenta, pero la remuneración es menor.

“Antes los trabajadores tenían un contrato permanente fueron despedidos y ahora hay un contrato temporal, todo por la ejecución de un plan de gobierno”, planteó.

Por último, destacó que en el tema reservas internacionales se podría cubrir de seis a ochos mese el pago de importaciones, si el país no cuenta con ingresos económicos.

Juan Orlando Hernández dejará de presidir el gobierno de Honduras, con muchos indicadores en su contra y los cuestionamientos de la ciudadanía que lo recordarán por su polémico actuar político.

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