Transparencia Internacional: Honduras en lista de naciones más corruptas del mundo

Redacción El Pulso25 enero, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

Transparencia Internacional volvió a reprobar a Honduras: Es calificada en el Índice de Percepción de la Corrupción como una de las naciones más corruptas de la región y el mundo, de acuerdo a un informe emitido este martes, a apenas dos días que cese el gobierno de Juan Orlando Hernández.

De acuerdo a los indicadores, el país logró alcanzar apenas 23 puntos mientras que la vecina Nicaragua, de la mano del autócrata Daniel Ortega, alcanzó las 20 unidades, contrario a Costa Rica, que logró alcanzar 58 puntos, por lo que se sitúa como el más transparente en Centroamérica.

Respecto a América, Honduras es el cuarto país más corrupto, precedido por Venezuela, Haití y Nicaragua; en las antípodas se encuentra Canadá, Uruguay, Chile y EE.UU., por lo que fueron calificados por el organismo internacional como los más transparentes.

En concreto, el país bajó alrededor de 23 puntos desde 2012; 2015 fue el año donde logró subir más posiciones en cuanto a la transparencia, mientras que el año anterior fue uno de los más bajos, lo que evidencia que la administración saliente fue duramente señalada por actos de corrupción.

«Los niveles de corrupción se han estancado en los últimos diez años, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad. Transparencia Internacional urge a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio», sugirió el organismo que realizó la medición.

Por su parte, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, exteriorizó que «pese a muchos esfuerzos de distintos actores, incluyendo la sociedad civil, la corrupción se resiste a ceder».

«Los abusos de poder, la opacidad y discrecionalidad en el manejo de fondos del Estado han permitido que este flagelo no pierda fuerza, provocando violaciones de derechos humanos y sociales en ámbitos que van desde la educación hasta la salud», continuó.

«Para que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan -adicionó-, urge fortalecer las instituciones, garantizar espacios de participación ciudadana y el respeto a los defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción».

Ese informe coincide con los señalamientos hechos al gobierno de Hernández que van desde el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), hasta la compra controvertida de los hospitales móviles en el contexto de la pandemia del coronavirus, pasando por adquisiciones irregulares de mascarillas, ventiladores mecánicos.

Hasta el momento, de una considerable cantidad de personas investigadas por la trama, solo dos exfuncionarios fueron sometidos a la justicia. Tanto el exjefe de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn y el exgerente administrativo Alex Moraes afrontan juicio por la adquisición del costoso producto a la empresa turca Elmed Medical Systems que costó alrededor de mil 200 millones de lempiras.

Entre las recomendaciones emitidas por Transparencia Internacional se destacan que los gobiernos, en particular, el hondureño, es que «deberían hacer retroceder cualquier restricción desproporcionada de las libertades de expresión, asociación y reunión introducida desde el comienzo de la pandemia. Garantizar la justicia para los delitos contra los defensores de los derechos humanos también debe ser una prioridad urgente».

Asimismo, sugirió que «los órganos públicos de supervisión, como los organismos de lucha contra la corrupción y las entidades fiscalizadoras superiores, deben ser independientes, contar con recursos suficientes y estar facultados para detectar y sancionar las infracciones. Los parlamentos y los tribunales también deben estar vigilantes para evitar el exceso de Poder Ejecutivo».

En cuanto a la pandemia del covid-19, aconsejó que «los gobiernos deben cumplir con su promesa contenida en la declaración política de la UNGASS (sistema anticorrupción de Naciones Unidas) de junio de 2021 de incluir salvaguardias contra la corrupción en la contratación pública. Máxima transparencia en el gasto público protege vidas y medios de vida».

 

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