TEGUCIGALPA, Honduras
Los vicios de nulidad presentados en la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional que favoreció a Jorge Cálix es el origen de la crisis legislativa que acarrea el país, aseguró el abogado constitucionalista Joaquín Mejía.
Detalló en exclusiva para El Pulso los porqués de una posible invalidez jurídica sobre el proceso legislativo y que, por ende, significaría la ilegitimidad de Cálix para presidir el hemiciclo.
Explicó que no se siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, precisamente desde el artículo 60 hasta el 73.
Esto implica algunos pasos como leer y aprobar la agenda legislativa, revisar el cuórum, debatir las mociones que se presentaran y ceder la palabra a todos los diputados que la sugieran, ilustró.
Mencionó que después de cumplidos esos aspectos es que se puede someter a votación una moción, la cual debe ser transparente.
“Quienes observamos el evento del 21 de enero (elección de junta directiva provisional), vimos que nada sucedió; ese acto es invalido y, por tanto, todo lo que deriva del mismo no tiene validez”, acotó.
En ese momento, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, denunció que el secretario de Gobernación y Justica, Leonel Ayala, no le concedió la palabra pero sí a la congresista disidente Beatriz Valle, quien recibió preferencia «por ser mujer».
CONVOCATORIA NULA. Mejía enfatizó que la convocatoria emitida para el 23 de enero en el palacio legislativo también es nula porque surge de un acto ilegítimo.
Además, comentó que el cambio de horario -y lugar- que se hizo es considerado como un fraude de ley, ya que la sesión se acordó inicialmente para las 7:00 de la mañana y, mediante un nuevo comunicado, se convocó a un escenario distinto con solo unos cinco minutos de anticipación.
La sesión pasó de realizarse del Congreso Nacional a un club campestre ubicado en Zambrano a 33 kilómetros del centro de Tegucigalpa.
“Hubo cambio de las instalaciones sin justificar lo que dice el artículo 191 de la Constitución en el cual se especifica que solo por caso fortuito o fuerza mayor se puede cambiar el lugar de sesión. Es un fraude de ley porque se hace la convocatoria a último minuto, por eso el acto de Zambrano es ilegal”, dijo.
Subrayó que la intención de modificar el horario y el sitio de la reunión se hizo adrede para no contar con la presencia de los demás legisladores.
La elección de Cálix fue respaldada por 79 congresistas siendo elegido por en el cargo por mayoría.
DIRECTIVA PARALELA. En tanto, el acto celebrado en las instalaciones del Poder Legislativo, en el cual surgió la directiva liderada por el diputado Luis Redondo, también presenta vicios de nulidad, aseveró el experto.
Infirió que el defecto surgió, igualmente, porque la convocatoria a ese encuentro provino de una junta provisional con ilegalidad en su proceso.
“El vicio surge porque la convocatoria proviene de una junta provisional con ilegalidad en su proceso”, afirmó.
No obstante, explicó que sin importar si la convocatoria fue legal o no, se debía celebrar la elección de la junta en propiedad como señala la norma suprema, acto que se llevó a cabo en el hemiciclo.
“Lo que hicieron fue continuar con la convocatoria anterior, que era más lógico y la Constitución faculta que cinco diputados puedan comenzar con una sesión legislativa y se elige la junta directiva conforme a ley”, expresó.
El jurista valoró que otro factor que prevaleció es la última reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, misma que habilita las funciones y obligaciones a los diputados suplentes y por eso se obtuvo el cuórum y los votos que necesitaba la moción presentada.
Además, la directiva de Redondo cuenta con la legitimación y respaldo de la presidenta electa, Xiomara Castro y aceptación del soberano, consideró.
SIN INTERMEDIARIOS. Externó igualmente que si esta crisis legislativa llega hasta la instancia de verificación en la Corte Suprema de Justicia se agudizaría el problema.
“Si la Sala Constitucional se presenta como árbitro va a profundizar la crisis, porque el Poder Judicial es parte del problema en Honduras. Lo que pasa ahora es parte de una crisis permanente que se viene arrastrando desde 2009”, declaró.
Precisó que tampoco el pleno de la Corte cuenta con la legitimación de la ciudadanía debido a aspectos que avaló en el pasado, como la reelección presidencial del mandatario Juan Orlando Hernández.
“El problema no es jurídico sino político”, acentuó.
Además, Mejía parafraseó los conceptos jurídicos citados por otro jurista para enfatizar porque la presidencia legislativa que obtuvo Cálix no es válida.
“Legalidad es sinónimo de derecho. Legitimidad es equivalente a justificación de esa legalidad. Legitimación alude a la aceptación o no de una legitimidad por parte del soberano. Es claro que presidencia de Cálix no tiene ninguna de las tres”, sentenció.
