TEGUCIGALPA, Honduras
Suspicacia generó la aprobación en el Congreso Nacional de tres contratos para adquirir suministros y elaborar los pasaportes electrónicos, de los cuales diputados consultados desconocen los detalles y uno estaría a cargo de una empresa que perteneció a una reconocida familia de empresarios del país.
Se trata de Representaciones e Importaciones de Honduras S. A. (Reprimhsa), misma que, según el portal de contrataciones abiertas del Gobierno de la República, estuvo vinculada a Marco Tulio Gutiérrez, padre de la exdiputada del Partido Nacional, Lena Gutiérrez, quien fue señalada en un caso de presunta corrupción.
El proyecto de ley describe que Reprimhsa se encargará de proveer un millón de libretas para los pasaportes y 20 mil carnés de extranjeros residentes en Honduras.
Una investigación arrojó que la compañía recibió, entre 2011 y 2019, un total de 262 millones de lempiras por contratos públicos, lo que evidenciaría una marcada relación multimillonaria entre esta sociedad y el Estado.
CONTRARIEDAD. La titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Carolina Menjívar, aseguró en su intervención durante la sesión legislativa que en el proceso de licitación y compras no participarán empresas nacionales, lo que contradice lo descrito en el dictamen.
“Los proveedores son internacionales, no hay empresas locales que puedan brindar las 69 medidas de seguridad estándares aprobadas por la Organización Internación de Aviación Civil”, declaró.
Agregó que, la compañía que provee las libretas para pasaportes actualmente es una compañía de europea, denominada Cetis de Eslovenia.
SIN DETALLES DE CONTRATOS. La diputada del Partido Liberal, Karla Medal, indicó a El Pulso que el dictamen no estaba incluido en la agenda legislativa y no está al tanto de los detalles de los contratos.
“Desconozco por qué la directora de Migración emitió las declaraciones, porque en los únicos dictámenes que hemos recibido aparecen empresa nacionales e internacionales”, explicó.
Enfatizó que al haber contradicciones en las declaraciones de Menjívar, se debe comenzar una averiguación de oficio.
“La directora no se pronunció de la totalidad del dictamen y eso crea duda. En ese sentido le pediría al Ministerio Público para que de oficio empiece investigaciones en caso de haber irregularidad y que no se convierta en una noticia en detrimento de la transparencia que tanto anhelan los hondureños”, dijo.
De igual manera, apuntó que desconoce a qué personas pertenecen las empresas que ganaron las licitaciones y, por tanto, su voto fue en contra de la moción.
APROBACIÓN POR NECESIDAD. Por otro lado, uno de los vicepresidentes del Poder Legislativo, Enrique Yllescas, declaró a este periódico que solicitó información de los contratos, pero no fue concedida.
“Los diputados determinamos aprobarla que por ser un tema de emergencia nacional porque se acabaron las libretas para pasaportes. Pedí la información general, de dónde se comprarían, quiénes son los inversionistas, pero la directora solo lo explicó a rasgos generales», expuso.
Agregó que la decisión se tomó de forma rápida y no entiende la urgencia que hubo para aprobar leyes y contratos en los últimos días.
“Mi voto fue a favor porque particularmente no conocí los detalles; lo hice por la necesidad, caso contrario me habría abstenido o votado en contra. No tuve tiempo de analizar el contrato”, aseveró.
Ambos legisladores afirmaron que no tienen conocimiento de si el contrato de Reprimhsa está ligado de algún modo a la familia Gutiérrez ya que en el dictamen, antes de someterse a discusión, solo figuraba Nelson Eduardo Boquín como representante de la empresa.
En torno a los otros dos contratos, la normativa detalló que las empresas International Afis Development Honduras S.A. e Idemia Identity y Security France S. A. se encargarán del contrato de suministros de hardware, software e implementación del sistema integral migratorio (SIM).
Mientras que Bruno Igor Opazo Ruiz prestará sus servicios como consultor en para asesor y acompañar la implementación del SIM.
