Señalan millonario interés en posible aprobación de contrato de energía a base de carbón

TEGUCIGALPA, Honduras Un dictamen sería discutido en las próximas horas en el Congreso Nacional en la búsqueda de aprobar un contrato para la generación de energía con base en carbón en Cortés, pero la acción estaría marcada por opacidad e incluso habría intenciones de lucro de por medio, señalaron expertos. Para el desarrollo de la planta de generación, se haría una inversión privada de más de 654 millones de lempiras por parte de la sociedad...
BFlores19 enero, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras

Un dictamen sería discutido en las próximas horas en el Congreso Nacional en la búsqueda de aprobar un contrato para la generación de energía con base en carbón en Cortés, pero la acción estaría marcada por opacidad e incluso habría intenciones de lucro de por medio, señalaron expertos.

Para el desarrollo de la planta de generación, se haría una inversión privada de más de 654 millones de lempiras por parte de la sociedad mercantil Puente Alto S.A., detalla el documento compartido.

«El proceso incluye la importación, apilamiento y transporte de combustible, carbón y coque de petróleo en Puerto Cortés y Puente Alta y explotación de una cantera de caliza», reza el escrito.

Puente Alto S.A. es parte de Grupo Emco, empresa que también maneja el aeropuerto Palmerola y la terminal de carga en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y recién ganó la licitación para el sistema de rayos X en la aduana de Puerto Cortés, lo que ha sido señalado como una concentración indebida de recursos.

INTENCIÓN DE LUCRO. Uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Enrique Yllescas, quien es también experto en el rubro energético, señaló que es imperativo realizar una investigación a todos los miembros de la comisión de energía, pues aseguró que hay intereses monetarios en la aprobación del proyecto.

«Hay unos (diputados) que no tienen empresas, solo son políticos y son millonarios y de política nadie se hace millonario. Me parece que hay gato encerrado, hay dinero de por medio y es un contrato leonino», dijo.

Además, dejó entrever que el carbón no sería la verdadera fuente de energía, pues no hay sitios para extraer el recurso no renovable ya que las minas fueron expropiadas por empresas extranjeras.

«Solo que lo saquen de los palos que están destruyendo en los bosques, de lo contrario de dónde, es algo irracional», comentó.

Lamentó también que la mayoría de congresistas no han recibido información del contrato para estudiarlo y valorar si era o no conveniente.

«Siempre andan haciendo las cosas pandas; van a votar los mismos, los que reciben el tilín tilín del Congreso Nacional», sentenció, señalando a su vez que votará en contra de la iniciativa.

POSIBLE PERJUICIO AL ESTADO. Por su parte el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Samir Siryi, explicó que un contrato de energía por carbón no puede ir al Congreso sin pasar por una licitación pública, pues así lo estipula la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).

Mencionó que si es un contrato nuevo, aprobado fuera de una licitación, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no la va a poder cobrar y, por tanto, las finanzas de la estatal se verán afectadas.

«Es importante que todo nuevo contrato sea por la vía de licitación en tiempo y forma con un mínimo de dos años de anticipación para que podamos tener competencia», comentó.

DAÑO AL AMBIENTE. Además, Siryi externó que el uso de carbón sería preocupante dado que contravendría las políticas públicas y los acuerdos firmados por el país.

«No es posible que en diciembre, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se aprobó la descarbonización del mundo y Honduras vaya al revés», cuestionó.

El dictamen también contempla un certificado de incorporación y viabilidad de operación, un procedimiento de inversión que incluye todos los permisos, autorizaciones y licencias requeridos por el gobierno.

Se planteó que tal acortamiento del proceso se debe a que se trata de una inversión de gran escala económica para el Estado.

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