TEGUCIGALPA, Honduras
Un par de juristas presentaron este martes, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad contra el jugoso pago de prestaciones laborales a altos funcionarios del actual gobierno.
Declarar inconstitucional el artículo 129 de la Ley Orgánica del Presupuesto General pidieron los representantes de Libertad y Refundación (Libre), Mario Sorto Deras y Jari Dixon Herrera, quienes estimaron que el perjuicio contra el Estado sería superior a seis mil millones de lempiras.
«Qué renuncien a esa acción ilegal, el dinero del pueblo es sagrado y lo vamos a proteger. Ese capital que quieren cobrar lo vamos a invertir en educación, salud e infraestructura», señaló Herrera.
«No es justo que ustedes, que tanto daño le hicieron al país, vengan a querer cobrar más de seis mil millones de lempiras (…) los hondureños no podemos pagar eso a personas que se hicieron ricas en el gobierno y sabían que no tenían derecho a cobrar prestaciones», ahondó.
Cuestionó qué es lo que pretenden las autoridades en mención y externó la posibilidad de que estén buscando que el gobierno liderado por la presidenta electa Xiomara Castro encuentre las arcas estatales vacías para que no pueda cumplir con las promesas que hizo en su campaña.
«¿Quieren que el pueblo hondureño siga sufriendo las consecuencias de una dictadura de 12 años de gobierno? Nuestra responsabilidad es salir al paso a este tipo de situaciones», aseveró.
El dúo de abogados consideró que la cuantiosa erogación de fondos violenta la Ley de Servicio Civil, el Código de Trabajo y también afecta a millones de hondureños.
Herrera mencionó que a otros ciudadanos, que ni siquiera tienen un medio de transporte, sí tiene derecho a cobrar prestaciones, pero ni a ellos se les paga en el país.
Señaló que la acción es una de las cientos que el oficialismo pretende ejecutar antes de dejar el poder.
«Van a dañar el país hasta el último segundo. Vamos a trabajar incansablemente para que todo el daño que ha hecho el Partido Nacional sea revertido. El llamado es a todas las partes de la sociedad para que nos unamos, porque esta dictadura no puede seguir haciendo daño en el futuro», expuso.
ADVERTENCIA AL PODER JUDICIAL. Por otro lado, compartió su escepticismo ante la respuesta que pueda dar la Corte ante el recurso, pero dijo a los magistrados que pronto -en 2023- dejarán su cargo y se conformará un nuevo grupo de hombres y mujeres que quieran cumplir la ley.
Les llamó a que, si están pensando en emitir un fallo en favor de los funcionarios, lo piensen bien ya que las cosas «van a cambiar radicalmente en Honduras».
Planteó que las nuevas autoridades van a revisar cómo se aprobó la enmienda que permitió destinar los recursos a ese fin y con cuantos votos, pues garantizó que se están aprobando propuestas en el Poder Legislativo sin que haya suficientes personas a favor.
Advirtió que hay acciones que no prescriben y que pronto habrá un Ministerio Público diferente.
«Ellos (funcionarios) saben que no es correcto ni justo, que es un acto de corrupción y nosotros no lo vamos a permitir», sentenció.
