El Salvador: periodistas responsabilizan al gobierno de Nayib Bukele de hackeo de teléfonos

SAN FRANCISCO, EE. UU.  Periodistas y activistas de derechos humanos salvadoreños cuyos teléfonos celulares fueron pirateados en repetidas ocasiones con un sofisticado spyware durante el último año y medio responsabilizan al gobierno de Nayib Bukele de la acción. En conversación con la Voz de América, periodistas de El Faro, un periódico digital que sostiene una relación tensa con el actual gobierno, afirmaron que los ataques a los periodistas independientes «no evitarán que sigan haciendo su...
BFlores14 enero, 2022

SAN FRANCISCO, EE. UU. 

Periodistas y activistas de derechos humanos salvadoreños cuyos teléfonos celulares fueron pirateados en repetidas ocasiones con un sofisticado spyware durante el último año y medio responsabilizan al gobierno de Nayib Bukele de la acción.

En conversación con la Voz de América, periodistas de El Faro, un periódico digital que sostiene una relación tensa con el actual gobierno, afirmaron que los ataques a los periodistas independientes «no evitarán que sigan haciendo su trabajo».

El espionaje a los teléfonos móviles de los periodistas, que se producen en medio de un entorno cada vez más hostil en El Salvador para los medios y las organizaciones de derechos humanos, fue descubierto a fines del año pasado por The Citizen Lab, que estudia el software espía en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, que colaboró con Citizen Lab en la investigación, dijo a la VOA que la confirmación de la intervención no hace más que develar “una nueva amenaza para los derechos humanos” en El Salvador.

Según  la investigadora para Centroamérica de la institución Astrid Valencia “con esta verificación se abre un capítulo preocupante (…) donde vemos el ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento que están sufriendo los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos”.

Valencia estimó que la intervención debería encender las alarmas de la comunidad internacional “sobre todo en un contexto donde hemos visto a funcionarios públicos de alto nivel deslegitimando, desacreditando la labor periodística y la defensa de los derechos humanos”.

Por su parte, The Citizen Lab detalló en su informe que encontró evidencia de incursiones en los teléfonos que ocurrieron entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Expuso que no pudo identificar quién fue el responsable de implementar el software espía diseñado por Israel.

Sin embargo, para José Luis Saenz, editor en Washington de la edición en inglés de El Faro, no tienen ninguna duda que tras la “operación de espionaje”, está el Gobierno de El Salvador.

Saenz afirmó a la VOA que ven en el espionaje un doble objetivo: acceder a sus fuentes y obtener información personal de los periodistas e institucional del periódico para “tratar de construir campañas de difamación o poder alimentar falsas acusaciones judiciales contra nosotros”.

“Un gobierno como el de Nayib Bukele que aspira al control absoluto (…) ha atacado de múltiples maneras el trabajo periodístico y ha expresado en varias ocasiones su interés por obstaculizarlo y perseguir a quienes filtren información de su gobierno. Un gobierno que, está ya demostrado, guarda secretos como negociaciones secretas con las pandillas”, aseveró Saenz.

El periodista fue una de las primeras personas a quienes les fue intervenido su teléfono. En ese momento era el director del periódico y se encontraba en El Salvador. Afirma que el hackeo coincide con una campaña de difamación contra el medio digital y además con una serie de auditorías por parte del Ministerio de Hacienda que tratan “de construir un caso de lavado de dinero” contra el medio.

La portavoz del presidente Nayib Bukele, Sofía Medina, declaró en un comunicado: “El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”, y aseguró que no tiene los permisos para usar este tipo de software.

El gobierno está investigando el uso de Pegasus para hackear teléfonos en El Salvador, aseguró.

Medina señaló que ella también recibió una alerta de Apple el 23 de noviembre, como afirman las otras víctimas, que le decía que existía la posibilidad de que estuviese siendo víctima de hackeo patrocinado por el Estado.

Dijo que el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador recibió ese mismo mensaje ese día. La investigación de Citizen Lab no incluyó a funcionarios del gobierno, aclaró Medina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero de 2021 medidas cautelares para todo el plantel de periodistas del periódico digital El Faro, tras considerar que se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos» por amenazas recibidas por su labor desde las instituciones del Estado.

CIDH ordenó al gobierno de Bukele adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los miembros de la redacción de El Faro, sin embargo, según el organismo, el Estado salvadoreño se negó a dar un informe sobre si había o no implementado alguna medida.

Tanto los comunicadores afectados como organismos humanitarios temen una escalada de violencia hacia la prensa luego de confirmadas las intervenciones telefónicas.

La investigadora de Amnistía Internacional afirmó que existe “un temor fundado” de que “vayan en escalada las acciones de hostigamiento. Que se vayan sofisticando más y que vayan incrementando en su gravedad”.

Algo con lo que concuerda Sáenz, y que reconoce que la posibilidad es “terrorífica”, porque hasta un par de años atrás en El Salvador no eran comunes los crímenes contra la prensa y aunque el país aún no llega a las cuotas que se viven en Honduras o México, puede ir escalando.

“Nos hace pensar que la intimidación primero, las amenazas después o esfuerzos tan fuertes de espionaje como éste no consigan su objetivo que es silenciarnos, tememos que lleguen otro tipo de medidas, que, por desgracia, estamos esperando”, afirmó.

Sáenz afirma que tanto como El Faro, otros medios y comunicadores independientes ya están tomando protocolos de protección y prevención porque “en estos momentos no hay ningún tipo de garantía en El Salvador”. (Con información de VOA).

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