Advierten repercusiones legales por pago de prestaciones a altos funcionarios

TEGUCIGALPA, Honduras Falta a la ética, repercusiones legales y pérdidas millonarias para el país, serían las consecuencias por el pago a prestaciones a secretarios de Estado, aseguró el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Gustavo Solórzano. “Esto es muy grave, nunca se había violentado la normativa en cuanto a la materia de servicio civil. El derecho a la protección únicamente es para aquellos puestos en el cual se resguarda la estabilidad...
Selvin Sánchez13 enero, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras

Falta a la ética, repercusiones legales y pérdidas millonarias para el país, serían las consecuencias por el pago a prestaciones a secretarios de Estado, aseguró el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Gustavo Solórzano.

“Esto es muy grave, nunca se había violentado la normativa en cuanto a la materia de servicio civil. El derecho a la protección únicamente es para aquellos puestos en el cual se resguarda la estabilidad laboral”, detalló.

Explicó que los secretarios de Estado son empleados de confianza y cuando asumen el cargo tiene el conocimiento que pueden dejar el puesto en cualquier momento.

Indicó que un factor importante es que todos los años los secretarios, miembros de instituciones descentralizadas como directores o presidentes, presentan su renuncia al gobernante de turno, quien se encarga de respaldar su continuidad o sustituirlo.

PÉRDIDAS PARA EL ESTADO. Destacó que muchos de los funcionarios han ostentado el cargo durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional y si se les efectúa el pago generarían pérdidas económicas del Estado.

“Algunos de los funcionarios vienen en el cargo desde hace 12 años, lo que implica pagar cantidades millonarias, según nuestras estimaciones se perderían de 300 a 500 millones de lempiras solo en pagarle las prestaciones a estas personas, lo que representa un perjuicio a la economía hondureña”, dijo.

FALTA A LA MORAL. “No es ético, ni moral que personas que asumieron funciones sabiendo que en determinado momento iban a salir, pidan pago de indemnizaciones como si estuvieran amparados por la estabilidad laboral”, enfatizó.

Agregó que aunque se amparen a la Ley General de la Administración Pública, la misma está jerárquicamente por debajo de la Ley de Servicio Civil y, por lo tanto, si se paga conforme a ese argumento será una ilegalidad.

Consideró que las primeras acciones legales que podrían tener las personas que reciban sus prestaciones, es devolver los recursos.

Seguidamente, añadió, el Tribunal Superior de Cuentas debe analizar de oficio junto con la Procuraduría General de la República las sanciones administrativas.

En caso de una investigación por parte del Ministerio Público, podría acarrear responsabilidades penales.

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