TEGUCIGALPA, Honduras
Una nueva polémica surge con tres funcionarios de la secretaría de Finanzas, quienes están solicitando el pago de prestaciones, a pesar de estar bajo la figura de empleados de confianza.
Según unos documentos, el secretario de Finanzas Luis Mata, y las subsecretarias Roxana Melani Rodríguez y Liliam Odalis Rivera, pidieron que se les pague su indemnización a pesar que sus cargos son de libre remoción.
En el caso de Mata, desempeñó sus funciones desde mayo de 2021, con un sueldo es de 210 mil lempiras y tendría un cálculo de prestaciones por 211 mil 670 lempiras.
Por su parte, Melani Rodríguez, quien todavía permanece en el cargo durante los periodos de la administración de Juan Orlando Hernández, tomando el puesto desde mayo de 2012, con un sueldo 96 mil 150 lempiras y según las estimaciones realizadas, estarían recibiendo un millón 547 mil 775 lempiras por prestaciones.
De acuerdo a la circular, Liliam Olivera, sería la persona con mayor antigüedad en el cargo, ya que asumió las responsabilidades financieras desde septiembre de 2009. Su sueldo ostentado es de 96 mil 400 lempiras y de otorgarle las prestaciones, cobraría dos millones 75 mil 654 lempiras.
Cabe destacar que según el artículo 03 de la Ley de Servicio Civil, al ser considerados empleados de confianzas, a los cuales no les corresponde el pago de prestaciones.
Este sería otro caso de la misma índole, ya que anteriormente el secretario de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales fue criticado por la misma situación.
¿PUEDEN ICURRIR EN DELITOS? Por su parte el profesional del derecho, Elvin Carillo, detalló que muchas veces los acuerdos de cancelación son ambiguos por no hacen referencias a que derechos laborales son los obtenidos.
“Estos funcionarios por ningún motivo invocar la Ley del Servicio Civil para pretender favorecerse con el pago de derechos adquiridos. Podrían incurrir en reparo, porque todo desembolso del Estado debe ser auditado”, dijo.
Agregó que puede llegar a tener responsabilidad criminal por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
