TEGUCIGALPA, Honduras
La Sala Constitucional del Poder Judicial debe admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscalía en contra de las reformas a la ley de lavado de activos para evitar beneficios a imputados, aseguraron expertos en el derecho.
El pasado miércoles 6 de enero, el Ministerio Público presentó la vía legal con el objetivo que la persona acusada por el delito de lavado de dinero justifique económicamente la procedencia de sus bienes.
En las reformas realizadas a la norma en octubre de 2021, se eliminó esa figura y ahora ningún acusado acredita al órgano jurisdiccional el origen de las propiedades.
QUITAR ATADURAS A LA INVESTIGACIÓN. El abogado penalista, Raúl Paniagua, expresó que si no se admite el recurso evitaría que aumente la impunidad en el país y quitaría las ataduras de la investigación del Ministerio Público.
“Es una faena el delito de lavado de activos porque la criminalidad organizada es compleja de investigar y creo que si continúan las reformas serían una traba en la investigación que podría generar más impunidad”, dijo.
Indicó que ahora es accesible para una persona obtener la resolución del sobreseimiento definitivo porque no justifica sus ingresos, lo que contrae problemas a la economía del país al ser contaminada con dinero sucio.
“La Sala Constitucional debe admitir el recurso y expulsar del ordenamiento jurídico las reformas para establecer la redacción original del articulo de lavado de activos”, enfatizó.
BENEFICIOS DURANTE EL JUICIO. Por su parte, el coordinador de tribunales de sentencias, Mario Diaz, declaró que la reforma interviene directamente en los procesos judiciales.
“La reforma surge cuando hay personas sometidas a este procesamiento en un juicio oral, prácticamente a los que están acusados se les brinda un beneficio anticipado de la ley si haber transitado todo el procedimiento final”, enfatizó.
También consideró que en los casos que están pendientes de investigación no será posible de emitir una acusación, ya que para la fiscalía resultará difícil aportar las pruebas porque se ocupa de una técnica necesaria para desentrañar las redes criminales.
“Lo importante es que el recurso que sea aceptado en la mayor brevedad posible y tener a corto plazo una salida”, acotó.
Agregó que el problema radica en algunos diputados, ya que no legislan en función del interés de la ciudadanía, sino en favor de una facción de la sociedad que fue beneficiada con actos de corrupción.
