TEGUCIGALPA, Honduras
Para evitar más cuantiosos desembolsos para el proyecto Siglo 21, los sampedranos y sus visitantes podrían comenzar a pagar peaje nuevamente, planteó el virtual alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras.
Expuso que la ciudadanía no puede costear ambos cobros y la iniciativa privada sería la sacrificada, sin embargo, existe una millonaria deuda con la misma que podría entorpecer la intención de romper definitivamente el vínculo.
«Tenemos una disyuntiva, o cobramos peaje o Siglo 21, pero las dos cosas no se puede. Siglo 21 lo estamos socializando porque el problema es que está divorciado de la municipalidad, haciendo obras que no son priorizadas», ilustró.
Planteó que al haber un disenso o una falta de comunicación entre la comuna y el proyecto, se podrían llevar a cabo una sola edificación de hasta 120 millones cuando, en la contraparte, él podría propiciar puentes y pasos por solo 40.
Aseveró que se necesita estirar el presupuesto para que rinda lo más posible con decisiones de la corporación municipal sobre las obras prioritarias para la ciudad y que no sea Siglo 21 que decida de manera antojadiza qué trabajos realizará.
Igualmente, externó que ya sostuvo una reunión con William Hall -quien lidera la iniciativa privada- y le instó a terminar las obras que fueron iniciadas, pero que no arranque ninguna nueva sin la autorización de la comuna.
DEUDA DE TRES AÑOS ADELANTADOS. No obstante, Contreras aseguró que se sorprendió cuando supo que la alcaldía le adeuda 800 millones de lempiras a Siglo 21 debido a que este ha avanzado trabajos equivalentes a unos tres años.
«Si decidimos terminar con Siglo 21, el gobierno tendría que pagarles los 800 millones que les debe porque ya se hicieron las obras, pero las que tengo que ir a valorar», apuntó el próximo edil de la capital industrial.
«El gobierno está de manos atadas porque les debe esos tres años. Van adelantándose en el tiempo producto de que los políticos siempre quieren adelantar contratos y obras porque saben que se van», ahondó.
En tal sentido, el Pollo detalló que el ingreso anual de Siglo 21 son 300 millones de lempiras que proceden de una carga impositiva a la matrícula vehicular que asciende hasta dos mil lempiras en un parque de unos 300 mil carros y motocicletas.
Sobre la posibilidad de volver al peaje, argumentó que la mayoría de sampedranos no lo pagan, sino el porcentaje de visitantes de la ciudad. Agregó que el ingreso sería de unos 22 a 25 millones de lempiras mensuales y que serían manejados plenamente por las autoridades municipales y no un fideicomiso.
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RECHAZO. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, valoró que regresar a la aplicación de peaje sería un retroceso para San Pedro Sula y otras ciudades que están «prácticamente integradas» a la misma, como Choloma, Villanueva, La Lima y Búfalo.
Señaló que la afectación es un vasto atraso -en términos de tiempo- para todos los usuarios.
«Más que el desembolso, es el tiempo transcurrido, es demasiado. Eso solo traería atrasado», aquejó.
«El concepto de peaje que teníamos antes, en el que había que detenerse y pagar causa un letargo que no abona a la ciudad ni a las aledañas», insistió.
Además, opinó que es un gran equivocación que la municipalidad no tenga injerencia en cómo se manejan los fondos para la realización de inversiones por parte de Siglo 21.
«Es un error pensar que los actores locales y regionales no deben estar involucrados», acotó.
Agregó que aunque considera que las obras que ha hecho el programa han sido buenas, es inconcebible que no se busquen consensos con la alcaldía; por lo que, externó su apoyo al futuro edil en su postura de que Siglo 21 no puede trabajar de forma independiente y aislada.
«Si había algún malentendido entre el gobierno saliente y la municipalidad saliente eso se debe de corregir de inmediato, los actores deben tener potestad en cómo se utilizan los tributos que se cobran a vecinos locales», expresó.
Asimismo, valoró que lo más acertado sería que el fideicomiso continúe, pero que la municipalidad tenga poder de decisión sobre las obras que se requieren.
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