TEGUCIGALPA, Honduras
Las autoridades hondureñas no actúan oportunamente para ejercer un castigo sobre la usurpación de tierras y desalentar la nociva práctica, lamentaron actores de la empresa privada.
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, apuntó que han hecho una advertencia de lo que ocurre -y sus consecuencias- al Ministerio Público y a los diferentes tribunales de justicia pero existe indiferencia para abordar el tema.
«No hemos tenido mayores respuestas de parte de ellos. Se han hecho reformas para penalizar o volver un delito la invasión de las tierras y no se hace nada por parte de las autoridades», aquejó.
«No sancionar a las personas que usurpan tierras es impunidad y muestra la debilidad institucional del Estado», enfatizó.
Señaló que no hay empresarios que valoren conveniente hacer una inversión si están al tanto de que le pueden invadir la propiedad.
Ejemplificó que una situación similar es cuando alguien construye una casa -lo que conlleva una cuantiosa inversión- pero lo hace en un lugar en el que corre riesgo de que un grupo de delincuentes de apropie del inmueble.
«Lo mismo ocurre con las empresas. Estas compran parcelas de tierra, invierten, las vuelven productivas y luego grupos organizados de delincuentes van a invadirlas para aprovecharse de lo que ya se ha hecho ahí», dijo.
Recordó que la semana anterior se registró un enfrentamiento entre presuntos invasores y guardias de seguridad en una plantación de palma africana en Salamá, en Colón. Tres de los celadores perdieron la vida.
«Lo hemos advertido, el no dar solución a este tema de las usurpaciones trae las consecuencias que se dieron en las últimas semanas, que lamentablemente hemos tenido la pérdida de vidas humanas, lo más grave que puede existir», sostuvo.
Externó su expectativa de que el próximo gobierno esté claro de que el asunto debe estar en su agenda para que se puedan encontrar soluciones concretas, porque, si no, afectaría los propósitos de recuperación económica que se han planteado.
«Todo eso que hemos venido hablando dentro de las mesas de reactivación económica y de generación de empleo no se va a concretar si no solventamos este problema de la propiedad privada», advirtió.
En tal sentido, dijo que también prevén conversar con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras entidades internacionales para abordar la situación.
Reconoció que de por medio están aspectos de derechos humanos, pero recalcó que también existe un derecho a la propiedad privada que no se puede desconocer.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA. El presidente de la Asociación de Productores de Palma Africana, Héctor Castro, aseguró que los supuestos invasores no son campesinos, sino delincuentes armados que están bien estructurados para desarrollar la «actividad lucrativa».
Explicó que, en el caso específico de la palma africana, los invasores cortan la fruta de palma aceitera, la roban y después de la venden a comerciantes que sirven como intermediarios que luego buscan los mecanismos para procesarla en plantas especializadas.
«La situación es preocupante y lo menos que esperamos de las autoridades, en aras de la paz social y el clima de inversión es que actúen de forma inmediata y contundente», aseveró.
Por su parte, el comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Jorge Carías, comentó que el ordenamiento territorial está identificado como una de las metas para solucionar la problemática, pero sigue siendo una tarea difícil ya que la tendencia de la tierra es un derecho de todas las personas.
