TEGUCIGALPA, Honduras
La titular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, expresó que el nuevo gobierno, dirigido por la presidenta electa, Xiomara Castro, deberá hacer una indagación profunda y llevar a los tribunales a todos los responsables de la compra de los hospitales móviles.
«En el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se investigará la compra de los hospitales móviles y se llevará a juicio a los autores materiales e intelectuales que autorizaron la millonario compra de esas unidades hospitalarias que permanecen en el abandono», manifestó.
Agregó que que pese a que el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn, está detenido por el caso, la pena deberá ser ejemplar y las pesquisas tienen que seguir.
El vicepresidente del CMH, Samuel Santos, coincidió en que se debe llevar a prisión a los funcionarios que fueron partícipes de la millonaria compra de los hospitales.
«Nunca mejoró la situación de centros hospitalarios en Honduras, lo que se perfeccionó fue la economía de algunos específicamente, los que realizaron la transacción de los hospitales móviles. Se debe enjuiciar y encarcelar a todos los que participaron en este robo al pueblo», aseveró.
Señaló que la ciudadanía está a la espera de una investigación que deduzca más responsabilidades, tomándolo no como una acción de desquite, sino de rendición de cuentas.
«Los hondureños estamos cansados de ver tantos actos de corrupción y queremos ver que por fin se encarcele a quienes cometen estos delitos, no como un acto de venganza todo lo contrario es justicia», arguyó.
A esta petición se unió el epidemiólogo, Fidel Barahona, quien sostuvo que la Fiscalía General debe actuar con diligencia para dar justicia a un pueblo hondureño afectado por la inoperancia de la vasta inversión.
«Se debe encarcelar a cada uno de los responsables de este millonario acto de corrupción, el Ministerio Público debe sentar un precedente para las personas que cometan estos delitos», dijo.
Además, opinó que la línea de investigación debe determinar qué bienes fueron adquiridos con las supuestas ganancias personales que dejó el caso, para proceder a incautarlos.
«La Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) debe proceder a incautar los bienes que fueron comprados con el dinero que estaba destinado a la compra de estos insumos», indicó.
