TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional decidió la noche de este lunes archivar la iniciativa ciudadana emprendida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con el propósito de derogar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).
Aunque la cámara legislativa se aprestó a decidir el futuro de la propuesta, la situación cambió cuando un diputado compartió una amplia reflexión describiendo por qué la votación habría sido inconstitucional.
Fue justo cuando se dio la orden para que cada parlamentario indicara virtualmente su voluntad cuando el nacionalista Oswaldo Ramos Soto pidió la palabra.
Con vehemencia, expuso que sin la presencia de dos terceras partes de los votos no era posible -legalmente- hacer un pronunciamiento ya sea aceptando la iniciativa o rechazándola.
Precisó que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso Nacional establecen que reformas de tal magnitud requieren una mayoría calificada, es decir, 86 votos.
«Muchos ya vamos saliendo del Poder Legislativo; les pido a mis pares que, por el amor de Dios, nos abstengamos de emitir un voto porque no hay mayoría para hacerlo», expresó.
Recordó que muchas personas están descontentas por el actuar de ese poder del Estado debido a la aprobación de diferentes normativas, por lo que imploró no tomar una decisión equivocada que sería incompatible con la norma fundamental del Estado.
«Invoco la presencia del divino creador del universo, de nuestro Dios, para que nos abstengamos de emitir un pronunciamiento porque no tenemos el cuórum para obrar en el marco de la Constitución», insistió.
Tras la exposición del experimentado abogado constitucionalista, el diputado Mario Pérez, quien presidió la sesión, aseveró que entendió los argumentos, pero planteó que, como parte de una treta, se estaría colocando a la directiva del Congreso en una encrucijada.
«Hay que decir que le han tirado una concha de guineo al Congreso, una trampa encerrada. (Los encargados de la iniciativa) piden que no se ponga el tema en agenda porque probablemente van a ir a denunciar al presidente y al secretario por no hacer lo que establece la ley», expuso.
Describió que una vez verificadas las firmas de la iniciativa, la misma debe discutirse en los 15 días siguientes, por lo que sus detractores podrían intentar denunciarlos por violación de los deberes de los funcionarios si no cumplen con los mecanismos de participación ciudadana.
«El no tener ese cuórum no es culpa de los que estamos conectados, es culpa de los que boicotean», acentuó.
En tal sentido, el secretario, Tomás Zambrano, lo respaldó e indicó que la votación continuaría porque es obligación del Legislativo conocer la propuesta y votarla.
Sin embargo, cuando los diputados se disponían por segunda ocasión a compartir su decisión, Ramos Soto volvió a levantar la mano para perseverar en su afán disuasivo.
Al concedérsele nuevamente la palabra, aseveró que nadie puede dudar de su afinidad a la agrupación de gobierno pero debía refutar los puntos del diputado Pérez porque, en realidad, los legisladores ya habían cumplido con lo establecido en la carta magna y la ley que regula las consultas al pueblo.
«Subrayo y digo en letras mayúsculas que ya hemos cumplido; se presentó la iniciativa y se sometió a discusión, pero no se puede aprobar o rechazar la misma. No violamos la ley en ningún momento», afirmó.
«¡Simplemente veamos la ley! Por el amor de Dios, estamos a tiempo. Por el amor de Dios respetemos la carta fundamental del Estado», clamó.
Seguido, enfatizó que él desea el bien para su partido, pero sus integrantes deben pensar primero en Honduras para no tomar decisiones de las cuales se arrepientan en el futuro y sean criticados por no haber sido receptivos de opiniones contrarias pero sustentadas.
Al terminar Ramos Soto su participación, Pérez y Zambrano finalmente acogieron las valoraciones y decidieron no proseguir con la votación debido a la ausencia de cuórum.
Zambrano hizo hincapié en que quedaría plasmado en el acta que el pleno conoció el asunto en el plazo correspondiente y no se conectaron siquiera los propios impulsores de la iniciativa.
«Se archiva la diligencia y será el nuevo Congreso que comenzará a consensuar el tema», declaró.
Además, externó su punto de vista de que lo más sensato es que, si la voluntad de la próxima legislatura es eliminar las Zedes, deben efectuar una construcción de consensos con los inversionistas nacionales y extranjeros que han generado trabajo.
«No podríamos derogar la ley sin dejarles sin seguridad jurídica», subrayó.
El diputado Pérez concluyó asegurando que la controversia por la moción ciudadana es «ahogarse en un vaso de agua» porque es un tema que puede ser propuesto por cualquier bancada para que se discuta en la agenda del Congreso entrante.
El CNA entregó el 19 de julio del año en curso la iniciativa con más de 15 mil firmas que fueron posteriormente verificadas por el Registro Nacional de las Personas.
