TEGUCIGALPA, Honduras
El Estado podría contraer consecuencias económicas ante un posible despido de empleados públicos durante el cambio de gobierno, aseguró un experto en el área laboral.
El laboralista Javier García indicó que es común que todos los gobiernos realicen despidos masivos a personal que no sea afín a su partido político.
“Esta es una cuestión que en cada cambio de gobierno se da, al tomar el mando comienzan la famosa barrida para los funcionarios públicos. Se avizoran despidos masivos, porque hay algunos que no tenían su acuerdo de nombramiento, eran puestos que se otorgaban por afinidad política”, aseguró.
MODIFICACIÓN DE LEY. Asimismo, expresó que el Estado a través de la Dirección General de Servicio Civil regula los procesos de contratación de los servidores públicos, es por eso que se debe reformar la norma.
“Es meritorio que esta ley sea modificada, porque es de la década de 1980, por tanto, en la medida que la sociedad avanza, las leyes igual porque se vuelven obsoletas”, dijo.
Consideró que ese extremo continuará si no hay independencia política de los empleados y citó como ejemplo la Corte Suprema de Justicia, en la cual existe una carrera judicial que garantiza la estabilidad laboral de los jueces sin importar el cambio del gobierno.
CONSECUENCIA JURÍDICAS. Advirtió que los posibles despidos en el aparato público dejarían un perjuicio para el Estado hondureño por la gran cantidad de demandas laborales.
“Habrá demandas para el Estado por despidos masivos, que eventualmente la sentencia será favorable para los empleados, ya que el Estado debe reconocer los años de servicio. Ya sea reintegro, pago de prestaciones y pagos dejados de recibir”, enfatizó.
INCLUIR PERJUICIOS EN EL PRESUPUESTO. De igual manera, consideró que todos los perjuicios económicos por despidos deberían ser integrados en el presupuesto de cada secretaría.
“El Estado debe incluir en el presupuesto de cada secretaría las deudas de las prestaciones con sus exempleados, al momento de ser aprobado por el Legislativo”, acotó.
Detalló que muchas veces se hacen nombramientos y no se analizan las partidas presupuestarias de las secretarías por eso no logran salir con los respectivos pagos de prestaciones.
