TEGUCIGALPA, Honduras
Un grupo de empresas contratadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la transmisión de datos de las elecciones generales están estrelazadas entre sí y provocan un fraude sistemático en los resultados, denunciaron integrantes del Partido Salvador de Honduras (PSH).
El aspirante a diputado Allan Macoto señaló que las compañías están interfiriendo en el proceso de escrutinio especial, generando errores en la suma de votos para candidatos específicos, aunque, en teoría, las actas escaneadas salen corregidas.
Ejemplificó que en el acta 09828, según la verificación marca por marca, 29 personas votaron por él, sin embargo, al momento del escaneo, aparece solo con nueve sufragios.
Por tanto, sintetizó que el reconteo de votos por medio del escaneo y la introducción de datos al sistema no tiene transparencia alguna.
«Estas acciones, que violentan la democracia y el derecho humano a elegir y ser electo, suceden porque el CNE contrató un consorcio fantasma tres en uno», denunció.
TRIPLE «COLUSIÓN». De acuerdo a la indagación del PSH, son tres las empresas que estaría coludidas para modificar la voluntad expresa en las urnas.
Listó a Smartmatic, la compañía encargada de los lectores de huellas y el programa de identificación biométrica y a Magic Software Argentina (MSA) que, pese a los cuestionamientos que se le hicieron en la antesala de las elecciones, se ocupó de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Además, mencionó a CGTS Corp, diciendo que ese consorcio estadounidense se encargó de la auditoría del proceso.
Macoto explicó que descubrieron el supuesto vínculo a través de una investigación forense en la web, mediante la cual habrían identificado que ejecutivos tienen correos institucionales de dos -o las tres- empresas.
Mencionó que, por ejemplo, un hombre llamado Dedaniel Urribarri cuenta con correos para las tres compañías.
Del mismo modo, dijo que un sujeto de nombre Jorge García tiene un buzón en el servidor de MSA y también posee un correo con Smartmatic.
INFORMANTES FORÁNEOS. Macoto dijo que son personas radicadas en el extranjero las que les están compartiendo la información, señalando que el trío de entidades están haciendo lo mismo que ya habían fraguado en otros países.
En tal sentido, describió que Venezuela tuvo problemas con Smartmatic cuando ésta se encargó del voto electrónico para las elecciones de la asamblea nacional constituyente de 2017.
Asimismo, apuntó que la empresa en mención manejó la información biométrica de los comicios realizados este año en Uganda, con los que se reeligió nuevamente Yoweri Museveni, quien ocupa la silla presidencial desde 1986.
Aunque no fueron descritos, los denunciantes apuntaron que hay al menos seis casos más en los que hubo anomalías cuando dicha empresa fue parte del manejo de procesos electorales.
PRECIO «ESPECIAL» PARA HONDURAS. Aparte de las dudas sobre los resultados electorales, Macoto denunció que la proveedora del TREP ha cobrado hasta cinco o seis veces menos por su servicio en otros países.
Aseguró que MSA cobró mucho más a Honduras que a Argentina, pese a la marca diferencia en la longitud territorial.
«¿Por qué tuvieron que vender el servicio tan caro para Honduras? Algún día lo vamos a descubrir», aseveró.
TOMARÁN MEDIDAS. Con base en la información que han obtenido, externó que elevarán el presunto fraude ante instancias tanto nacionales como internacionales.
Además, solicitarán que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presente toda la información de las licitaciones del proceso eleccionario y todos los datos relacionados a los movimientos electorales.
«Cuando tengamos acceso a eso, vamos a encontrar una infinidad de irregularidades», garantizó.
Además, el novel político anticipó que las pruebas que han presentado desatarán una avalancha de cuestionamientos que permitirán que el asunto sea público más allá de las fronteras locales, haciendo eco en las otras naciones donde las empresas mencionadas han brindado sus servicios.
«En este momento es al pueblo hondureño que le mienten», aquejó, pero advirtió que no seguirán permitiendo el denunciado abuso.
La también candidata a diputada Issis Romero pidió una auditoría forense sobre el sistema e invitó a sus compañeros del PSH a que se pronuncien en todo el país porque la voluntad soberana «fue robada».
«Nada de lo que se está subiendo al sistema es real; por mucho que cuenten las actas, estas no van a escanearse correctamente», lamentó.
