«Qué no sean descarados»: rechazan reformas que refuerzan seguridad a funcionarios

Redacción El Pulso11 diciembre, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras.

Un marcado rechazo por parte de actores sociales y políticos dejó la aprobación en el Congreso Nacional de enmiendas a siete artículos de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario.

Con las reformas a la normativa, que se publicó en 2014, se creó la Unidad Especial de Protección (UEP), misma que ahora se amplió a cuatro categorías, cubriendo una amplia cantidad de autoridades en el ejercicio de su cargo y sus antecesores.

El candidato a diputado por Libertad y Refundación (Libre), Fausto Cálix, calificó lo aprobado como una protección para delincuentes y corruptos, al tiempo que señaló que la próxima legislatura deberá proceder a su derogación.

«Una persona que ha ejercido la función pública de forma correcta no necesita de una guardia pretoriana para él y su familia», expresó.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, coincidió en que el decreto debe ser abolido, al enfatizar que la protección no debe extenderse a los funcionarios una vez que culminan su labor.

«Hemos pagado con sangre y sudor mantenerlos en el poder, un peso más ya no volverá a sus manos manchadas de corrupción», declaró.

Por su parte, el líder liberal Eduardo Martell también mostró su desagrado con las reformas e incluso invitó a los posibles beneficiarios a que costeen su propia seguridad.

«No tienen límites, quieren exprimir hasta el final la ‘teta’ pública. ¿Protección para exfuncionarios? Qué no sean descarados. ¡A trabajar y ganarse la vida por ustedes mismos, no a costa de los ciudadanos! Delincuentes y, de paso, vagos», atizó.

Por su parte, la diputada liberal, Karla Medal, cuestionó que entre las reformas se decidió incluir entre los favorecidos a todos los integrantes de la junta directiva del Congreso Nacional.

Asimismo, indicó que inicialmente se compartió un dictamen con el cual se pretendía aprobar una nueva ley que incluía un fideicomiso por 250 millones de lempiras, pero «solo» hicieron adendas para proteger a más funcionarios y se estableció que el presupuesto saldrá de la Tasa de Seguridad Poblacional.

«Quieren tener guardaespaldas privados pagados con los impuestos de la gente. ¿A qué le temen?», aquejó.

El diputado por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), David Reyes, aseguró que el decreto es un abuso por parte de los nacionalistas para tener vigilancia privada para ellos y sus familias.

A su vez, calificó la ley como «perversa» e hizo hincapié en que atenta contra las finanzas del pueblo hondureño.

En la contraparte, el presidente de la cámara legislativa, Mauricio Oliva, garantizó que las modificaciones efectuadas son sencillas.

Subrayó que la protección se brinda a solicitud de parte, por lo que la toma el funcionario o exfuncionario que lo considere necesario. Asimismo, dijo que la UEP tiene la obligación de hacer un perfil para determinar si la necesita o no.

«Lamento tanto alboroto por esto, no es tan malo el churro«, comentó el dirigente nacionalista, quien se postuló para la presidencia en las elecciones primarias pero perdió ante Nasry Asfura, quien tampoco consumó su propósito en los comicios generales.

Agregó que hay personas que quieren buscar protagonismo en el tiempo en el que la curva de presencia política desciende debido a que acabó el proceso electoral.

JERARQUÍA DE SALVAGUARDA. La aplicación de la normativa está sujeta a cuatro categorías, siendo la primera en la que figuran el presidente de la república y los exmandatarios, el jefe del Poder Legislativo y sus predecesores, el titular de la Corte Suprema de Justicia y quienes le antecedieron, así como el fiscal general actual y anteriores.

Para estos actores, la protección sería durante el ejercicio de sus funciones y de manera permanente, tanto para ellos como para su entorno familiar y sus bienes.

En la segunda categoría están los magistrados y exmagistrados del Poder Judicial y la Corte de Apelaciones, jueces y fiscales en alto riesgo, el fiscal general adjunto en función y antecesores, secretarios -y exsecretarios- de Seguridad y Defensa Nacional y los presidentes de las comisiones de seguridad y defensa.

Ellos gozarán de la seguridad especial en el período que ocupen el cargo y también al cesar del mismo por un período equivalente al tiempo en el que ejercieron.

Los directores y exdirectores aparecen en el tercer apartado, en el cual también están los jefes y exjefes del Estado Mayor Conjunto, el director general de la Policía y quienes ocuparon el cargo previamente; además, la protección aplica a jueces y fiscales constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado y otros funciones que su trabajo los coloque en un peligro extraordinario.

En la cuarta -y última- categoría se listó a los funcionarios y exfuncionarios y jefes de unidades cuya responsabilidad haya sido el cuidado y protección de los dignatarios descritos en la categoría uno, así como ciudadanos que hayan colaborado en la toma de decisiones.

Para las categorías tres y cuatro, la protección ofrecida será por el tiempo que trabajen para el Estado y, una vez concluida la labor, por un período determinado por un análisis de riesgo. No obstante, el tiempo adicional no puede ser menos que el plazo en el que ocuparon el cargo.

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