TEGUCGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó en único debate la reforma a siete artículos de la ley de protección a funcionarios y exfuncionarios en riesgo extraordinario, mediante una sesión virtual realizada este día.
El secretario del Legislativo, Tomás Zambrano, expresó que esta reforma consiste en modificar ciertos artículos de esta ley que fue aprobada en 2014.
“No es una nueva ley, solo está estableciendo brindar seguridad a diferentes funcionarios que han estado en la línea de combate a la criminalidad, pero no establece un fideicomiso”, aseguró.
Los artículos reformados son 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11.
En el artículo tres se divide en cuatro categorías a los funcionarios que serán beneficiados con esta norma.
En la categoría uno figura; el presidente y expresidentes del Ejecutivo, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y fiscales y exfiscales generales del Ministerio Público.
En la categoría dos, aparecen, magistrados y exmagistrados del Poder Judicial, jueces, fiscales adjuntos, director de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario.
En la categoría tres destacan los subdirectores de la Policía Nacional, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), director y subdirector del Instituto Nacional de Migración y secretarios de Estado en materia de seguridad.
Por su parte el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, en su intervención arguyó que esta ley es opcional para los funcionarios que quieran tomar los beneficios de protección.
“Es opcional de quien quiera pedirlo o no, yo no uso elementos de seguridad del Estado, pero hay funcionarios que sí lo necesitan por las decisiones que han tomado en combate a la criminalidad, esto es normal en cualquier país, hoy son unos, mañana otros”, aseveró.
En cambio, la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, indicó que el proyecto que se mandó con anterioridad, es diferente al que se aprobó.
“El proyecto que recibí, lo leí y lo analicé, eso no se trataba de reformas; esa era una ley que derogaba a la de 2014. Cuando leí eso me alarmé por que el documento decía que había que tener un fideicomiso de 250 millones de lempiras. Ahora el dictamen que manda es diferente y solo se trata de reformas”, aclaró.
Asimismo, externó su preocupación por la cantidad de funcionarios agrupados en cuatro categorías y que sea el pueblo hondureño a quien le toque pagar por su seguridad personal.
“Hay algunos funcionarios que sí es justificable su protección, pero ahí salen otros que nunca han estado en riesgo. Este es un gasto enorme para el pueblo, puesto que ellos sí están en riesgo diariamente”, sentenció.
