Congreso busca aprobar ley para protección especial de funcionarios y exfuncionarios

Redacción El Pulso9 diciembre, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras

Un proyecto de ley para brindar una protección especial a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno hondureño será discutido en el Congreso Nacional, se reveló en las últimas horas, generando el rechazo de varios actores sociales y políticos.

El dictamen establece que el propósito de la normativa es establecer un marco jurídico para dar seguridad a las personas naturales que hayan prestado sus servicios al Estado y, como consecuencia de sus decisiones y acciones al cargo, estén expuestos a riesgos extraordinarios y amenazas.

Para cumplir el objetivo, el Estado crearía la Unidad Especial de Protección (UEP). El ente brindaría el resguardo a los personajes beneficiados, se encargará de hacer los respectivos análisis de riesgos y también recomendar los esquemas de protección idóneos.

La UEP -describe el documento- estaría integrada por personal especializado y certificado de las instituciones de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Para los nuevos mecanismos de seguridad en favor de los funcionarios, el Estado desembolsaría un total de 250 millones de lempiras, de los cuales la mitad sería cubierta con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y la otra parte por la Secretaría de Finanzas.

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BLINDAJE A UNA CÚPULA. La diputada por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, externó que vio el dictamen y se quedó atónita al examinar su contenido.

Aquejó que el proyecto ni siquiera tiene una exposición de motivos, sino solo los considerandos y sus 17 artículos.

«El Congreso cerraría con broche, no de oro, sino de lata sus ejecutorias en aprobación de leyes», dijo.

«Esto en nada favorece al pueblo hondureño, sino a una élite política que se ha entronizado en el poder y ha dilapidado el dinero del pueblo y quiere seguir», enfatizó.

Por el mismo lado calificó la intención como un acto de discriminación y exclusión contra la mayoría del pueblo hondureño, al tiempo que la consideró como una «barbaridad» al considerar la situación económica del país y pidió no permitir que pase el proyecto.

«Nos van a entregar a Honduras en quiebra completa», sentenció Gutiérrez, quien asumirá en enero como la segunda designada presidencial en el gobierno que liderará Xiomara Castro.

CORAZA DE IMPUNIDAD. «Me caigo como condorito», expresó por su parte el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, al momento que describió la posible ley como un decreto de impunidad.

«Con este decreto quieren terminar de meterle fuego al Congreso. ¿Quiénes lo van a aprobar? ¿Quiénes se van a prestar para esta situación?», cuestionó.

Externó que él inicialmente pensó que la normativa pretendía proteger a los defensores de derechos humanos, periodistas y actores de la sociedad civil, mismos que, consideró, lo merecen.

Además, dijo que para cumplir la tarea de proteger a los altos funcionarios ya están las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional, así como las diferentes unidades policiales.

Agregó que un buen servidor público no requiere el grado de seguridad planteado en el dictamen; dejó entrever que quienes lo necesitarían son quienes han hecho una gestión irregular, por lo que podrían terminar en prisión.

«No creo que quien haya hecho bien las cosas merece una sobreprotección del Estado. Lo lamentamos por quien no lo haya hecho (un buen mandato), porque no lo vamos a cubrir con un decreto de impunidad. A quien se le pruebe en un tribunal tiene que ir a parar a una celda penitenciaria», expuso.

Mientras que el diputado por Atlántida, Tomás Ramírez, hizo hincapié en que buscarán impedir la aprobación de la ley, pero, en caso de que se dé, la derogarán en la próxima legislatura.

JERARQUÍA DE SALVAGUARDA. La aplicación de la normativa estaría sujeta a cuatro categorías, siendo la primera en la que figuran el presidente de la República y los exmandatarios, el presidente del Poder Legislativo y sus predecesores, el titular de la Corte Suprema de Justicia y quienes le antecedieron, así como el fiscal general actual y anteriores.

Para estos actores, la protección sería durante el ejercicio de sus funciones y de manera permanente, tanto para ellos como para su entorno familiar y sus bienes.

En la segunda categoría están los magistrados y exmagistrados del Poder Judicial y la Corte de Apelaciones, jueces y fiscales en alto riesgo, el fiscal general adjunto en función y antecesores, secretarios -y exsecretarios- de Seguridad y Defensa Nacional y los presidentes de las comisiones de seguridad y defensa.

Ellos gozarían de la seguridad especial en el período que ocupen el cargo y también al cesar del mismo por un período equivalente al tiempo en el que ejercieron.

Los directores y exdirectores aparecen en el tercer apartado, en el cual también están los jefes y exjefes del Estado Mayor Conjunto, el director general de la Policía y quienes ocuparon el cargo previamente; además, la protección aplica a jueces y fiscales constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado y otros funciones que su trabajo los coloque en un peligro extraordinario.

En la cuarta -y última- categoría se listó a los funcionarios y exfuncionarios y jefes de unidades cuya responsabilidad haya sido el cuidado y protección de los dignatarios descritos en la categoría uno, así como ciudadanos que hayan colaborado en la toma de decisiones.

Para las categorías tres y cuatro, la protección ofrecida sería por el tiempo que trabajen para el Estado y, una vez concluida la labor, por un período determinado por un análisis de riesgo. No obstante, el tiempo adicional no puede ser menos que el plazo en el que ocuparon el cargo.

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