Presidente de El Salvador Bukele cuestiona sanción de EE.UU. contra varios funcionarios

Redacción El Pulso8 diciembre, 2021

SAN SALVADOR, El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó las pruebas esgrimidas por el Gobierno de Estados Unidos para sancionar a dos funcionarios de esta nación centroamericana, acusados de negociar con pandillas locales.

«¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan», tuiteó Bukele.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Meza, y al director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, por su participación en actos de corrupción.

También fue designada la madre de Luna Meza, Alma Yanira Meza, figura cercana al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que aupó a Bukele en las presidenciales de febrero de 2019.

Según investigaciones periodísticas, Luna y Marroquín estuvieron involucrados en presuntas negociaciones secretas que mantuvo el Gobierno con los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Dichos reportes afirman que ambos funcionarios permitían el ingreso a las prisiones salvadoreñas de integrantes de la pandilla, para conversar con sus líderes presos y negociar una tregua con el Gobierno.

Como resultado de estas sanciones todas las propiedades y los intereses en propiedades de estas personas, que están en Estados Unidos o en posesión o control de ese país, están bloqueadas y deben ser reportadas ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Las sanciones invocan la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos, aprobada en Estados Unidos en 2012 y que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Esta normativa fue dirigida inicialmente contra el Gobierno de la Federación de Rusia, después de la muerte del ciudadano Serguéi Magnitski, ocurrida en 2009. (Con información de Sputnik). 

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