TEGUCIGALPA, Honduras
La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, informó que recibieron unas 18 denuncias por supuestos delitos electorales en todo el país y aseguró que investigarán a fondo cada caso para sentar un precedente.
“En las 18 denuncias que recibimos, estamos en la obligación de analizar sus contenidos, ya tenemos un auto de requerimiento de investigación. Además solicitamos la ayuda de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para indagar los hechos”, declaró.
Asimismo, enfatizó que no todas las denuncias tienen relación con las actas adulteradas en las planillas de diputados.
Además, agregó que de forma simultánea están haciendo otras diligencias de la etapa de investigación preliminar de estos hechos conforme a la norma procesal penal.
ACTAS ADULTERADAS. Detalló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las últimas horas otorgó un informe circunstanciado a la fiscalía, que contiene el soporte documental y electrónico de los hechos, que algunos aspirantes a diputados denunciaron como delitos electorales.
“El Ministerio Público quiere sentar un precedente y no descartamos presentar un requerimiento fiscal por estos hechos, las instrucciones del fiscal general es que todos los funcionarios hagan los que esté a su alcance para profundizar estas denuncias”, dijo.
Detalló que el Código Penal establece una pena entre cuatro a seis años de reclusión por cometer un delito electoral, pero cada caso es diferente al momento de individualizar las conductas.
“Hay una serie de circunstancias que podrían agravar o simplificar el proceso para las personas que resulten acusadas, pero es prematuro decir qué va a pasar con estos ciudadanos mientras no haya acciones penales”, precisó.
OBLIGACIÓN DE LA FISCALÍA. Por su parte, el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, expresó que el Ministerio Público en este momento tiene una obligación primordial que es defender la voluntad popular.
“Tenemos una fiscalía de delitos electorales muy endeble con pocos recursos porque en Honduras no ha sido prioridad, pero hoy el pueblo le pide al Ministerio Público que resuelva el mal funcionamiento de la Juntas Receptoras de Votos ante la falta de transparencia de los partidos políticos”, aseguró.
Consideró que una vez concluida la etapa administrativa y que haya una resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la fiscalía debe procesar a las personas que se dedicaron al cometer el delito de inflar las actas electorales.
“También se debe procesar a quien dio la directriz, si hubo una adulteración de actas por los integrantes de las JRV, no se hizo a discrecionalidad porque alguien les dio la orden y si no se persigue al candidato involucrado seguiremos en lo mismo”, sentenció.
