TEGUCIGALPA, Honduras
Representantes de la sociedad civil responsabilizaron a los partidos políticos de ser los causantes de la adulteración de actas en las planillas de diputados debido a viejas prácticas políticas en los comicios generales.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Carlos Hernández, declaró que este tipo de conflictos cambiarán solo si las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no están integradas por los partidos políticos.
“Es lamentable que se den estas situaciones, esperamos que tomen en cuenta la propuesta de ciudadanización de las JRV, porque si siguen involucrados los partidos políticos siempre habrá este tipo de incidentes”, indicó.
Asimismo, enfatizó que no es justo que la adulteración de actas empañe un proceso que intenta garantizar la transparencia.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE), nos ha dado señales que quiere hacer las cosas bien y eso hay que decirlo. El problema es que todos los partidos políticos quieren obtener la mayoría de diputados electos porque ahora la joya de la corona es el Congreso Nacional”, aseguró.
NO ES CULPA DEL CNE. Por su parte, el titular del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, expresó que el máximo órgano electoral no tiene la culpa de digitalizar actas que provengan adulteradas por integrantes de las JRV.
“Hay que ser objetivos quienes contaron los votos y llenaron las actas fueron los miembros de las JRV, si un acta llegó al CNE adulterada fue porque inicialmente el trinomio de partidos representados no funcionó”, enfatizó.
Catalogó como un fracaso que solo hubiera representación del Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre) en las JRV, ya que no hubo respeto absoluto de la voluntad popular.
“Aquí hay un problema claro, los partidos políticos no quieren dejar sus viejas prácticas porque se suponía que poniendo a los representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias íbamos a borrar este problema, pero eso no pasó”, detalló.
Por último, agregó que la fiscalía de delitos electorales debe actuar de oficio contra los integrantes de las JRV que adulteraron las actas y contra el candidato que les instruyó que cometieran ese acto ilícito.
