WASHINGTON, EE.UU.
(Por: Dana Frank*) La victoria electoral de Xiomara Castro de Zelaya en Honduras trae un bienvenido terremoto democrático a Centroamérica.
El pueblo hondureño emitió su voto en números abrumadores por un futuro en el que no se verán obligados a huir de su propio país, repudiando enérgicamente la administración corrupta del actual presidente Juan Orlando Hernández, un hombre que causó una destrucción inimaginable en su pueblo durante ocho años.
Ahora la gran pregunta es cómo responderá EE.UU. a sus políticas como presidenta. Castro, una socialista democrática, derrocó a una maquinaria de derecha que ha sido respaldada por Washington desde el golpe de 2009 que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya.
En ese entonces, la administración Obama trabajó entre bastidores para estabilizar el país después del golpe.
EE.UU. reconoció la “victoria” de Porfirio Lobo, a pesar de que la dictadura posterior al golpe controló el proceso electoral y desplegó a los militares en las calles; gran parte de la oposición boicoteó las elecciones; y muchos organismos internacionales se negaron a cumplirlo.
Cuatro años después, en 2013, Castro se postuló para presidenta con un nuevo partido de centro izquierda, el partido Libertad y Refundación (Libre), que surgió de la amplia resistencia al golpe.
Los observadores electorales documentaron la intimidación de los votantes, la compra de votos a gran escala y el fraude generalizado en los lugares de votación. Pero Washington, no obstante, se apresuró a respaldar una victoria de Hernández del gobernante Partido Nacional.
Hernández respaldó el golpe de 2009 y como presidente del Congreso de Honduras lideró un golpe técnico en 2012 que depuso a cuatro de cada cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Durante la presidencia de Hernández, el Estado de derecho se siguió degenerando, la corrupción se extendió y los narcotraficantes se infiltraron en la cúspide del Ejército y la Policía.
En 2017, Hernández volvió a postularse, esta vez contra una oposición unida en la que Castro y Libre apoyaron a un nuevo partido de centroderecha liderado por Salvador Nasralla.
La constitución hondureña prohíbe estrictamente la reelección presidencial, pero en 2015 la Corte Suprema, elegida personalmente por Hernández, la permitió.
Aunque los resultados de la noche de las elecciones de 2017 dejaron en claro que Nasralla ganaría, el gobierno dejó de contar los votos y una semana después declaró a Hernández ganador. Estallaron protestas y la Policía y el Ejército mataron a 22 manifestantes y transeúntes.
La Organización de Estados Americanos llamó a una nueva elección, pero Washington se quejó y farfulló y luego reconoció la «victoria» ilegal y fraudulenta de Hernández. Tanto bajo Barack Obama como con Donald Trump, EE.UU. siguió apoyando a su hombre.
Sin embargo, en octubre de 2019, el hermano del presidente, Tony, fue condenado en (un tribunal federal) del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos.
La evidencia en sus juicios y los posteriores implicaron explícitamente al presidente, quien supuestamente le prometió a un narco aliado que «empujarían las drogas por las narices de los gringos».
¿EE.UU. seguirá brindando apoyo estratégico y cobertura a actores corruptos e ilegítimos? El control de Castro sobre las instituciones democráticas de Honduras podría verse amenazado por sus terroríficas fuerzas militares y policiales. Son leales a Hernández, cercanos a los narcotraficantes, practicados durante mucho tiempo en reprimir la disidencia y capaces de cualquier cosa.
Los hondureños están, con razón, preocupados por un nuevo golpe o una disrupción y violencia más compleja que involucre a provocadores, paramilitares, narcotraficantes y pandillas. A pesar de todo esto, EE.UU. ha continuado financiando, capacitando y compartiendo inteligencia con el Ejército y la Policía, frente a la poderosa oposición del Congreso.
¿Qué mensaje está enviando ahora el presidente Biden al Ejército y la Policía hondureña?
El problema final, y más profundo, es si la administración de Biden intentará interferir para evitar que Castro gobierne de acuerdo con el mandato político que se le dio.
A pesar de los esfuerzos de los medios para presentarla como una flamante izquierdista que busca convertir a Honduras en Venezuela o Cuba, Castro se ha acercado a la comunidad empresarial y no hay indicios de que expulse a EE.UU. de la Base Aérea Soto Cano.
Ella ha prometido restaurar el estado de derecho y las libertades civiles, reconstruir los sistemas de salud y educación del país, abordar la pobreza masiva y detener la represión de las comunidades indígenas y afroindígenas devastadas por las industrias extractivas.
Es probable que su agenda choque con la de Washington, que a menudo se pone del lado del capital transnacional que solo está interesado en las ganancias de las represas, minas, fábricas de ropa y bananas y está profundamente comprometido en mantener a Honduras geopolíticamente bajo el control de EE.UU.
Washington gasta cientos de millones en iniciativas de la sociedad civil de «poder blando» que elige él mismo, no los hondureños a través de un proceso democrático. Eso necesita cambiar. Hay un terreno común en torno a abordar la migración masiva, pero enfoques contradictorios sobre cuáles son las causas fundamentales.
Biden ahora debe demostrar su compromiso con la voluntad democrática del pueblo. Los hondureños quieren ver florecer sus aspiraciones, sin interferencias. Castro podría pedir apoyo a Washington, pero una nueva dinámica debe echar raíces basada en el respeto mutuo y la soberanía.
* Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California en Santa Cruz y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y EE.UU. después del golpe.
** Publicado en el diario estadounidense The Washington Post el 1 de diciembre de 2021.
