TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público informó que una corte de apelaciones penal admitió el antejuicio contra unos seis funcionarios de la corporación municipal de La Lima, a quienes atribuyen la autoría de dos delitos.
Entre los señalados por la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural está el alcalde José Santiago Motiño López y la vicealcaldesa, Karla Janeth Enamorado Sagastume.
También involucran a los regidores Roberto René Ayestas Ávila, Ana del Carmen Murillo Mendoza, José Leonardo Viera Zavala y Rosa Eva Castillo Madrid.
Se informó que serán acusados formalmente por daños agravados y abuso de autoridad, ambos en perjuicio del patrimonio cultural de la nación y la administración pública.
El portavoz del ente acusador del Estado, Elvin Guzmán, aclaró que ya se había presentado un requerimiento fiscal contra los funcionarios, pero su defensa argumentó que el mismo era improcedente porque no habían sido sometidos a un antejuicio.
- Según la descripción del abogado Jacobo Cálix, el antejuicio es una figura no renunciable que busca proteger la función pública de una persona para que no sea perturbada por señalamientos o acusaciones infundadas, que puedan apartarlo de su cargo de forma indebida.
Guzmán apuntó que debido a los recursos presentados por los defensores, el juzgado que conoció la causa rechazó el requerimiento para que la fiscalía pudiera enmendar el error y se procediera con los mecanismos legales vigentes.
«Ya declarado ha lugar el mismo, la fiscalía puede presentar de nuevo el requerimiento», dijo.
En tal sentido, declaró que se prevé que en el transcurso de la próxima semana los representantes legales de la parte acusada se apersonen a la corte para ser notificados de la resolución para que se pronuncien sobre los cargos y, a partir de entonces, el MP iniciaría las acciones.
INVESTIGACIÓN. Las pesquisas de la fiscalía iniciaron, según el informe, a raíz de una denuncia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) de que se se estaba destruyendo el edificio donde funcionaron las oficinas administrativas de la Tela Railroad Company y el Hotel Banana Inn ubicado en La Lima.
El escrito describe que los técnicos del IHAH hicieron una inspección y emitieron un dictamen con los daños ocasionados al patrimonio cultural después de que la alcaldía realizó la intervención al inmueble «sin ninguna autorización».
Los hallazgos del dictamen arrojaron que los trabajos de demolición continuaron pese a que el organismo emitió una orden de suspensión y pidió una restauración de las estructuras.
La demolición del inmueble tenía como propósito la operatividad de un supermercado, de acuerdo al informe, aunque Guzmán definió que ahí funciona una «placita».
El abogado penalista Paul Zepeda opinó que están acusando de «bagatelas» al edil de La Lima porque los nacionalistas quieren dar un golpe municipal debido a la derrota «inminente» que afrontan.
