SANTIAGO DE CHILE, Chile
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afronta una acusación constitucional en su contra que podría destituirlo del cargo en caso de que ambas cámaras del Congreso aprueben el juicio político, que este lunes comienza a ser analizado por la Cámara de Diputados.
La votación estaba agendada para este lunes, pero es posible que el debate se extienda hasta el día siguiente como parte de una estrategia para conseguir el ‘impeachment’.
En efecto, los opositores al Gobierno necesitan 78 votos de los 155 disponibles, y afirman que los tienen. Sin embargo, un diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson, no puede asistir a la sesión del 8 de noviembre al encontrarse aislado por ser contacto estrecho de covid-19, y solo se admite la participación presencial.
Igualmente, a partir de la medianoche ya habrá concluido su período de cuarentena, estando habilitado para votar este mismo martes.
Por eso, Jaime Naranjo, legislador del Partido Socialista (PS), planea pronunciar una larga intervención que se extenderá hasta la próxima jornada, cuando su aliado político esté autorizado para asistir a la cámara baja.
El pronunciamiento de Naranjo comenzó pasadas las 10 de la mañana (hora local), y en la previa ya había avisado que tenía preparado «un discurso de 1.300 hojas» y que hablará «todo el tiempo que sea necesario hasta que Jackson esté en la sala».
La exposición tiene lugar porque este viernes la Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación contra Piñera, con dos votos a favor, dos en contra y una abstención. Entonces, según el reglamento, debe intervenir un legislador que sostenga el procedimiento.
Tras la votación, en caso de que la oposición tenga las 77 bancas que afirma tener y sume el voto del diputado aislado, el asunto pasaría al Senado. Después, si la instancia tiene dos tercios de los votos, el mandatario debería dejar la Presidencia, cuatro meses antes de finalizar su mandato.
Si finalmente se produce la vacancia presidencial, la línea sucesoria continúa con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, quien pasaría a ser el nuevo jefe de Estado.
Igualmente, el funcionario expresó que la acusación constitucional «tiene una finalidad electoral para desestabilizar al presidente».
El pedido de destitución contra Piñera surge a raíz de la revelación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocida como los Papeles de Pandora.
Se trata de una filtración, similar a los Papeles de Panamá, donde se reportan nombres y firmas que habrían escondido sus fortunas en guaridas fiscales, en este caso, en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación, un importante empresario y amigo de Piñera, Carlos Delano, compró acciones de Minera Dominga a la familia presidencial en 2010, pagando 152 millones de dólares en tres cuotas.
Se cree que una parte de esos pagos dependía de acciones directas tomadas por el Ejecutivo: el compromiso de no declarar territorios de Punta de Choros, región de Coquimbo, como zona de protección ambiental. De hecho, esta declaración nunca se realizó, pese a las recomendaciones de ambientalistas por su amplia biodiversidad.
La Fiscalía chilena ya imputó al jefe de Estado, al considerar que pudo haber incurrido en delitos tributarios, de cohecho y soborno.
Frente a esta situación, la Fiscalía chilena imputó al jefe de Estado, al considerar que pudo haber incurrido en delitos tributarios, de cohecho y soborno.
Se calcula que por esta maniobra los inversionistas obtuvieron una ganancia del 1000 % en solo 18 meses, mientras la minera instalaba sus negocios en una zona portuaria.
Por su parte, la defensa de Piñera afirma que este caso ya fue juzgado en 2017, cuando resultó absuelto: señala que no habría nuevos elementos para volver a investigar el asunto, y solicita desestimarlo.
«Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno», decía el jefe de Estado a inicios de octubre.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que las indagaciones del caso Exalmar-Dominga —al que hizo referencia Piñera— no contenían las actuales revelaciones de los Papeles de Pandora, que «apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental».
Por eso, dijo el fiscal Jorge Abbott, se requiere una nueva investigación, según la recomendación emitida en un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC).
Así, mientras se desarrolla la instancia judicial, la oposición política quiere impulsar su propio juzgamiento, que avanza en el Congreso.
Mientras el Poder Legislativo debate la posible destitución del presidente, faltan pocos días para celebrarse las elecciones nacionales del 21 de noviembre.
Aunque todavía no hay nada definido, los sondeos preliminares colocan como favoritos para la segunda vuelta al candidato izquierdista José Boric, de la coalición Apruebo Dignidad – Frente Amplio, y al conservador José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien reivindica públicamente a la última dictadura militar.
La lista sigue con Yasna Provoste, la demócrata cristiana del frente Nuevo Pacto Social, y el oficialista Sebastián Sichel, quien había ganado la interna partidaria de Chile Vamos, y ahora se presenta de forma independiente. Sobre este último aspirante, exministro de Piñera, los sondeos reflejan una baja en su popularidad en los últimos meses.
Frente a esta situación, y el sorpresivo ascenso de la extrema derecha, Sichel denunció a fines de octubre presiones de su propia coalición para adoptar una postura más conservadora, luego de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) le retirara su apoyo: «No voy a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha», sostuvo.
Por otro lado, mientras los postulantes se disputan la atención del electorado, el Gobierno actual afronta un panorama de gran tensión social en la Macrozona Sur, donde desde hace varias semanas se registran disturbios.
Allí, en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, el Ejecutivo decretó un estado de excepción que faculta a la Defensa Nacional a administrar los territorios, controlando la circulación y los accesos, aumentando la militarización.
Esta medida, que tenía una duración inicial de 15 días, ya se prorrogó dos veces, y ahora Piñera busca que el Legislativo apruebe su tercera extensión.
El conflicto alcanzó un punto de tensión extrema el 3 de noviembre, cuando un mapuche resultó muerto en medio de un operativo militar y policial para despejar la ruta P-72, que estaba cortada por manifestantes indígenas en repudio al estado de excepción.
En ese marco, el grupo guerrillero mapuche Weichán Auka Mapu publicó un video en redes sociales exhibiendo a decenas de personas fuertemente armadas, prometiendo expulsar a los uniformados y defender el territorio, que consideran propio.
El presidente, que ya sobrevivió al estallido social más importante en la historia del país, busca contener otro contexto de ebullición con polémicos despliegues militares y salir airoso del juicio político, mientras su candidato cae en las encuestas. (Con información de RT).
