TEGUCIGALPA, Honduras
Un sobreseimiento definitivo en favor de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial dictó un juez anticorrupción que conoció la causa.
La resolución tomó como base la auditoría que efectuó sobre el caso el Tribunal Superior de Cuentas, que exoneró de responsabilidad administrativa, civil y penal a los seis imputados, informó el Poder Judicial.
Asimismo, se informó que el ente controlar del Estado argumentó que el perjuicio económico -que sería de 30 mil 400 dólares y 15 mil lempiras- fue recuperado por pagos de los exconsejeros.
Sobre los involucrados recaía un total de 601 delitos ligados a un supuesto desvío de fondos en el Poder Judicial durante su gestión, que fue de octubre de 2013 a febrero de 2016.
Según la investigación que hizo el Ministerio Público, la presunta corrupción se fraguó con la solicitud, tramitación y asignación de viáticos para trabajos nacionales e internacionales.
«Estamos obligados a respetar las decisiones de los jueces», comentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta tras conocer el fallo.
Asimismo, mencionó que los órganos de persecución penal tienen la posibilidad de solicitar la revisión para que se revoque la decisión si así lo estiman.
Además, calificó como reprochable y lamentable la administración del Consejo de la Judicatura y dijo que es una lección sobre algo que nunca más debe repetirse en ninguna institución del Estado.
DETALLE DE LA ABSOLUCIÓN. El expresidente del Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés fue absuelto de 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 delitos de abuso de autoridad.
Al exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, se le sobreseyó por 88 cargos de malversación de caudales públicos y 14 por abuso de autoridad.
El juzgado también libró de responsabilidades a los exmiembros propietarios del Consejo de la Judicatura Julio César Barahona Henríquez, que eran sindicados por 67 cargos de malversación de caudales públicos cada uno.
Francisco Quiroz Mejía, también exintegrante propietario del ente, fue sobreseído por 97 cargos de malversación de caudales públicos.
Mientras que Celmo Arístides Aguilera, quien ocupaba el mismo cargo, salió libre del proceso tras ser acusado de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres por uso de documentos privados falsos.
DESMEDIDA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS. Las pesquisas de la Fiscalía concluyeron que los ahora absueltos tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo, pero en 576 ocasiones no realizaron los viajes.
Además, señaló que calendarizaron las supuestas expediciones de trabajo para unas 46 semanas (de las 52 que tiene el año), incluyendo días feriados, períodos de vacaciones y días inhábiles como fines de semana.
