Senado de Brasil acusa al presidente Bolsonaro de 10 delitos en la gestión de pandemia

RÍO DE JANEIRO, Brasil La comisión especial instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia del COVID por parte del Gobierno llegó a la conclusión de que el presidente Jair Bolsonaro debe ser acusado de haber cometido una decena de delitos, según el informe final. Los diez delitos atribuidos a Bolsonaro son «epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria, incitación al delito, falsificación de documento particular, uso irregular...
BFlores21 octubre, 2021

RÍO DE JANEIRO, Brasil

La comisión especial instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia del COVID por parte del Gobierno llegó a la conclusión de que el presidente Jair Bolsonaro debe ser acusado de haber cometido una decena de delitos, según el informe final.

Los diez delitos atribuidos a Bolsonaro son «epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria, incitación al delito, falsificación de documento particular, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, delitos contra la humanidad, delitos de responsabilidad, violación del derecho social e incompatibilidad con el decoro del cargo», según el informe, que se presentará y que ya fue filtrado a la prensa local.

El informe, redactado por el senador Renan Calheiros, atribuye a Bolsonaro gran responsabilidad por la muerte de los más de 600.000 brasileños que perdieron la vida durante la pandemia, por defender desde el principio la tesis de la inmunidad de rebaño, estimulando el contagio de la población.

«En conclusión, al adoptar e insistir en el tratamiento precoz como prácticamente la única política del Gobierno para combatir la pandemia Jair Bolsonaro colaboró fuertemente para la propagación del COVID-19 en territorio brasileño, y así, se mostró como responsable principal por los errores cometidos por el Gobierno federal durante la pandemia», dice el texto, que cita a Bolsonaro más de 80 veces.

El informe se leerá el 20 de octubre en el Senado y la semana que viene será llevado a votación; una ve aprobado se derivará a la Procuradoría General de la República, que con todas esas pruebas decidirá si hay base para presentar una denuncia formal contra el presidente.

En una de las acusaciones más importantes, la de «crimen contra la humanidad», el informe se apoya en dos artículos del Tratado de Roma, uno que trata de «acto inhumano que afecta gravemente a la integridad o a la salud física» y otro que habla de «exterminio y persecución» de los pueblos indígenas.

En el primer punto, el senador Calheiros afirma que «seres humanos fueron utilizados como cobayas» en investigaciones fraudulentas de medicamentos del llamado tratamiento precoz, que era constantemente defendidos por el presidente: «Manaos se convirtió en un laboratorio humano», dice el texto, en referencia a la capital del estado de Amazonas, donde murieron cientos de personas por falta de cilindros de oxígeno.

En el segundo punto, el relator destaca que hubo, por parte del presidente un «ataque sistemático» dirigido contra la población indígena por medio de «medidas concretas y omisiones» que resultaron en la muerte de indígenas.

En la acusación sobre prevaricación el relator recuerda que Bolsonaro fue omiso cuando el diputado Luis Miranda le avisó de que había un supuesto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Salud para desviar dinero con la compra de vacunas.

Respecto al charlatanismo, se citan varias declaraciones del presidente haciendo propaganda de medicamentos comprobadamente eficaces contra el COVID-19 como la cloroquina, y en la acusación de incitación al crimen se recuerda que Bolsonaro diseminó noticias falsas que animaron a los brasileños a infringir medidas sanitarias, como utilizar máscaras y vacunarse.

Las acusaciones contra Bolsonaro que tratan de delitos comunes serán remetidas a la Justicia ordinaria, mientras que los fragmentos relacionados con los delitos contra la humanidad serán derivados a la Corte Penal Internacional, «teniendo en cuenta la inacción e incapacidad jurídica de las autoridades brasileñas en la investigación y castigo de esos delitos», dice el informe.

La comisión propone acusar a los tres hijos del presidente Jair Bolsonaro que se dedican a la política de un delito de incitación al crimen, por haber sido una pieza clave en la difusión de «fake news».

Según consta en el informe final de la comisión hecho público el 20 de octubre, el diputado Eduardo Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro practicaron incitación al crimen, un delito que consta en el artículo 286 del Código Penal y que prevé de tres a seis meses de cárcel.

El informe apunta que los tres, junto con el presidente, forman el «núcleo de comando» de diseminación de informaciones falsas relacionadas con la pandemia.

El texto cita como «cabeza de la organización» a Carlos Bolsonaro, por su supuesta influencia en el llamado «gabinete del odio», el grupo de asesores y personas próximas al presidente, de donde sale la estrategia para diseminar «fake news» y atacar a adversarios políticos del Gobierno.

Eduardo Bolsonaro actuaría, según el informe, como el «articulador de financiación para webs que desinformaron en la pandemia», citando diálogos de conversaciones de WhatsApp entre el parlamentario y empresarios en busca de patrocinios para canales de YouTube de extrema derecha.

El senador Flávio Bolsonaro, por su parte, aparece porque al menos seis perfiles derribados por Facebook por difundir «fake news» eran responsabilidad de uno de sus asesores más próximos.

El informe de la comisión del Senado, que también acusa a Bolsonaro, a cuatro ministros, a dos exministros y a decenas de políticos empresarios, será votado la semana que viene.

Una vez aprobado, será derivado a la Procuradoría General de la República y a las Fiscalías de los estados, quienes decidirán si abren denuncias formales para investigar a los acusados.

La comisión acusará también a cuatro actuales ministros y a dos exministros, según el informe final.

La lista incluye a los ministros Marcelo Queiroga, de Salud, Waltar Braga Netto, de Defensa, Onyx Lorenzoni, de la Secretaría General, y Wagner Rosário, de la Controladoría General de la Unión. (Con información de Sputnik). 

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