TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció a favor de las enmiendas que hizo el Congreso Nacional a la tipificación del delito de usurpación en el nuevo Código Penal, contrastando con las opiniones de actores sociales.
«Creemos que el Congreso Nacional hizo lo correcto», dejó claro el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
Describió que la reforma es oportuna para el procesamiento de ilegalidades que han cometido algunas personas usurpando la propiedad pública y privada.
Sobre la afectación de las presuntas apropiaciones indebidas, Urtecho detalló -sin precisar un rango de tiempo- que se dejaron de percibir dos mil 434 millones de dólares en inversión. Además, dijo que se perdieron 12 mil 973 por los efectos de las «invasiones».
Por el mismo lado, comentó que el Cohep planteó la situación y pidió correcciones al respecto al Legislativo desde 2019; por lo que, se mostró enfático en su agrado por la decisión tomada por una reducida cantidad de diputados.
LA CONTRAPARTE. El punto de vista de la empresa privada difiere de otros análisis efectuados sobre el dictamen, que señalan que la modificación cercena el derecho a las protestas en las vías públicas a mes y medio para las elecciones generales.
«El Partido Nacional aprobó leyes para reprimir las protestas. Lógico, pues planean una guerra civil que también la van a perder», valoró el expresidente de Honduras y coordinador de Libre Manuel Zelaya.
«Temen el rugir del pueblo ante el intento de fraude en los comicios. No hay ninguna legitimidad en leyes para oprimir al pueblo», dijo por su parte la candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.
La excongresista Fátima Mena también opinó que el trasfondo es criminalizar las acciones de protesta en el país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), por su parte, compartió un comunicado y rechazó lo hecho por la cámara legislativa con mayoría oficialista.
«Las modificaciones relacionadas al tipo penal de usurpación, agravando su pena, extendiéndolo a espacios públicos y facilitando los desalojos abre la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no solo a organizaciones campesinas, sino también a personas en ejercicio de sus derechos a la reunión, la expresión y la manifestación pacífica», expuso.
El diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Andrés Benedith, advirtió de otro posible trasfondo de la adenda, misma que fue propuesta por la parlamentaria nacionalista Waleska Zelaya.
Benedith apuntó que el endurecimiento al artículo sobre la usurpación podría tratarse de una represalia para las personas que quieran defender sus tierras de ser expropiadas por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).
«Esta es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios», manifestó en un pronunciamiento el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
VARIOS AÑOS TRAS LAS REJAS. La nueva interpretación del artículo 378 precisa que a los usurpadores se les dictará una pena de cuatro a seis años tras las rejas.
La descripción de las conductas punibles involucra a quienes de apoderen -violentamente o no- de inmuebles y sin distinción de que sea de titularidad pública o privada.
Asimismo, -la parte considerada más polémica- establece que será castigado quien usurpe el derecho de vía, carreteras, calles, jardines, áreas verdes u otros, impidiendo desarrollar o continuar el ejercicio de labores o actividades.
Utilizar armas, explosivos o cualquier instrumento o sustancia peligrosa será considerado un agravante en el delito.
