TEGUCIGALPA, Honduras
Las reformas al artículo 349 del Código Penal sobre el lavado de dinero quita facultades al Ministerio Público y se convierte en una forma de encubrimiento para diputados que son investigados por ilícitos.
A esta conclusión llegó el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, expresó que la suspensión del secreto bancario por los delitos de extorsión y blanqueo de capitales, limita al ente acusador ya que será un juez quien dictamine si se brinda esta información o no.
«Aquí existe un problema sumado a las demás reformas ha habido una reforma sistemática del Código procesal penal para evitar o para autoprotegerse que muchos congresistas que sabe que están siendo investigados y eso esta fuera del Estado de Derecho”, expresó
Las reformas que se realizaron fueron el título 25 y 32 del Código Penal, principalmente en el artículo 439, en sentido que se bloquearon las investigaciones por blanqueo de capitales.
Este extremo implica que se neutralizan las indagaciones sobre obtención de dinero que no tengan causa, justificación económica o lícita de su procedencia.
En el caso del Código Procesal Civil, hace referencia a la protección de la propiedad privada que incentivan la inversión tanto extranjera y nacionales que hacen bajo reglas jurídicas que protegen al inversionista.
De igual manera, la Ley Especial de Lavado de Activos, en su artículo 47, manifiesta que la secretividad bancaria solo será suspendida en las investigaciones de los delitos tipificados en los referidos apartados de la legislación penal.
Sobre el tema, el fiscal Santos que limitar al Ministerio Público para obtener documentación de manera directa información de una institución pública es considerado inconcebible.
«Las reformas del Código Procesal Penal y Código Penal deben de surgir de una necesidad de los de los sujetos que intervienen en la justicia, ya sea el Poder Judicial o el Ministerio Público, pero estas surgen desde el Congreso Nacional por las personas que saben son investigados y exigen información de la misma”, indicó.
En tanto, el director de justicia y seguridad de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, se pronunció respecto a esta reforma.
«Le han quitado al Ministerio Público, la potestad de que pueda trabajar con la unidad inteligencia financiera de la mano sin ir donde el juez y buscar actuar para presentar un requerimiento fiscal. Ahora dice que no es válida cualquier información, le exigen que todo se judicialice», comentó
Asimismo, mencionó que ahora se debe comprobar un ilícito y le permite a una persona cuando anda grandes cantidades de dinero, sin comprobar la procedencia del dinero.
«Esto significa que ahora se puede encontrar a una persona que ande más de 10 mil dólares circulando libremente y que no tenga justificación, ya no va cometer delito de lavado de activos, por que decir que no tenga causa o justificación económica, no hay problema para estos hechos», enfatizó.
