WASHINGTON, EE.UU.
Estados Unidos ha gastado más de 315.000 millones de dólares en la aplicación de la ley federal de inmigración desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2002, pero con el tiempo la efectividad del trabajo de la agencia no está dando resultados según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
El estudio realizado por las expertas Doris Meissner y Ruth Ellen Wasem de la Escuela de Relaciones Públicas Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas se centra en la parte operativa y de coordinación de las diferentes agencias federales que intervienen en la problemática migratoria, sobre todo en la frontera sur con México donde se dejan ver las falencias.
Maissner y Wasem señalan en el estudio titulado: “Hacia un mejor sistema de inmigración: Corrigiendo la gestión de la inmigración de DHS” que el control de las fronteras, la asignación de recursos y el manejo de crisis constituyen uno de los mandatos más amplios para DHS que nació para salvaguardar la seguridad interna luego de los atentados terroristas del año 2001.
El “debilitamiento” a juicio de las expertas se debe “a las fallas en el desempeño de los componentes clave de inmigración” por parte de la agencia federal bajo cuya supervisión operan la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); uno para contener las entradas irregulares de migrantes, otro para custodiar y repatriar a los detenidos y el tercero en la revisión de casos de asilo.
Éstas, consigna el estudio, deben coordinar respuestas y actuar ante los aumentos de detenciones en la frontera sur, especialmente de niños no acompañados y núcleos familiares, como ha ocurrido en los últimos meses con otras agencias federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Departamento de Justicia y El Departamento de Estado, el primero en ubicar albergues el segundo en el manejo de casos en cortes y el tercero posicionado en los países desde donde surte la migración irregular.
Según las estadísticas de CBP, solo en el mes de julio se detuvo en la frontera sur a 212.672 migrantes irregulares, también da cuenta que 18.672 menores no acompañados cruzaron la frontera ese mismo mes con un aumento del 24% en relación con junio cuando se contaron 15.234 detenciones de niños.
“A menos que estas agencias y otras similares trabajen juntas como un sistema, la gestión y el control de las fronteras en la realidad actual no pueden tener éxito. Por lo tanto, gestionar la inmigración como un sistema requiere capacidades operativas coordinadas, estructuras de toma de decisiones y asignación de recursos…
Esto se vuelve especialmente críticos para responder a cambios repentinos en las tendencias migratorias o eventos imprevistos, como la pandemia», sostienen Meissner y Wasem en el informe.
El estudio apunta que la coordinación dentro y entre las diferentes agencias ha sido en gran medida “inconsistente” en las casi dos décadas de trabajo.
El reporte surte de un estudio con más de 50 entrevistas en profundidad a personas de alto conocimiento técnico sobre el trabajo de las agencias, incluye ex funcionarios de las diferentes dependencias.
Meissner, dirigió las operaciones federales de inmigración como comisionada de USCIS en la década de 1990, y Wasem analizó las funciones de inmigración durante su mandato en el Servicio de Investigación del Congreso.
Las investigadoras también pasan revista al financiamiento de las tres dependencias que funcionan como brazos operativos de DHS: CBP, ICE y USCIS que absorben el 34% del presupuesto de la agencia y captan el 44% del personal de todo el departamento.
El estudio consigna que en el año fiscal 2020 las asignaciones anuales para la aplicación de la ley de Inmigración superaron los 25.000 millones, lo que representa un 28% más que los presupuestos combinados del gobierno para las principales agencias de aplicación de la ley penal. (Con información de VOA).
