TEGUCIGALPA, Honduras
El analista y abogado Salomón Amador expresó que es lamentable que en la Ley Electoral no esté tipificado la inhabilitación de quienes buscan cargos públicos por estar vinculados en actos de actos de corrupción u otros delitos.
“Es lamentable que la nueva Ley Electoral y la anterior no tipifiquen el acto de inhabilitación; en el caso de un ciudadano que aspira a un cargo público, moralmente debe de renunciar y las autoridades de oficio continuar la investigación según el órgano competente”, enfatizó.
Mencionó que ese es un requisito fundamental que se debe colocar en la ley y que debe existir una alianza entre el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para depurar los participantes en comicios.
“Mientras no sea sometido a un juez competente, eso continua en investigación y como una forma de neutralizar el delito se puede decretar la no participación de este tipo de personas en los tres niveles electivos”, destacó.
Comentó que aún si son electos, el Ministerio Público debe seguir la investigación y que la depuración de candidatos debe comenzar de los partidos políticos.
“La depuración debe de implementarse desde los partidos políticos mediante una comisión como en toda entidad y hacer a un lado a estas personas, como un ejemplo moral ante la sociedad”, dijo.
SEÑALAMIENTOS CONTRA ASFURA. Amador se refirió al caso del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien fue acusado en 2020 por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por los delitos de malversación de fondos municipales.
“Aún no ha sido acusado ante un juez competente, su trámite está en proceso administrativo ante el Tribunal Superior de Cuentas y mientras tanto no hay un proceso penal”, expresó.
Asfura, en los últimos días ha sido vinculado a empresas offshore que fueron creadas por un bufete de Panamá.
Cabe destacar que en marzo anterior el Servicio de Administración de Rentas (SAR), informó que el 80 por ciento de los candidatos a cargos de elección popular no habían pagado impuestos y eludían esta responsabilidad ante el fisco, pero no hubo un accionar por parte del máximo ente electoral.
De igual manera, la Unidad de Política Limpia, publicó una lista de 463 candidatos electos en las primarias de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) que no brindaron un informe de rendición de cuentas sobre el gasto de su campaña electoral.
