TEGUCIGALPA, Honduras
Más de dos docenas de nombres de diputados y exdiputados al Congreso Nacional han relucido en las investigaciones de las unidades del Ministerio Público destinadas al combate de la corrupción.
Un recuento elaborado por El Pulso detalla que 25 congresistas fueron acusados -desde 2017 a la fecha- de ser partícipes de sonados casos de perjuicio a la administración pública.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupcion (UFECIC) -hasta su desaparición en enero de 2020- y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) involucraron a los funcionarios en Pandora, Arca Abierta, Red de Diputados y Pacto de Impunidad.
El partido de gobierno es, por amplia mayoría, el que más implicados aportó, con un total de 18, lo que representa el 72 por ciento.
Libertad y Refundación (Libre) suma cuatro señalados; el Partido Liberal, Va Movimiento Solidario (Vamos) y la Unificación Democrática únicamente tienen una incidencia.
PANDORA. En 2018 se destapó Pandora, denunciándose el desvío de más de 282 millones de lempiras que debían ser utilizados en proyectos agropecuarios. Según la averiguación, el dinero acabó en gastos políticos y personales.
En esta indagación se vinculó a José Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez y Elden Vásquez, diputados del Partido Nacional. Asimismo, se mencionó al liberal Elvin Santos Ordóñez, pero todos fueron sobreseídos.
ARCA ABIERTA. Más de 21 millones de lempiras de las arcas estatales acabaron en las cuentas personales de 11 diputados, sus familias y terceras personas, concluyó una investigación de la UFECIC.
Los fiscales aseguran que se utilizó como intermediario a una oenegé llamada Asociación Planeta Verde, desde la cual se giró el dinero hacia los presuntos destinos finales.
El capital -precisa el Ministerio Público- procedía de Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas.
A los parlamentarios Milton Puerto, Gladys Aurora López, Welsy Vásquez, Gustavo Pérez y Fabricio Puerto-todos representantes del partido oficialista- se les dictó auto de formal procesamiento.
En cambio, los también nacionalistas Carlos Humberto Bonilla, Óscar Arturo Álvarez, Hernán Enrique Vindel y Juan Carlos Valenzuela, además del fallecido Edwin Roberto Pavón (quien representó a la Unificación Democrática) fueron sobreseídos.
RED DE DIPUTADOS. En completa relación a Arca Abierta, este caso denunció que un grupo de congresistas se apropiaron de dinero del Estado a través de una oenegé.
Las pesquisas señalan que ellos solicitaban fondos al Poder Ejecutivo y estos se entregaban a la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).
UFECIC detalla que con varias transferencias efectuadas en diciembre de 2015, la Secretaría de Finanzas trasladó a la oenegé un total de 8.3 millones de la moneda nacional.
El propósito de los fondos era, en teoría, «obras sociales». Pero, de acuerdo a la indagación, el dinero acabó en manos de los señalados, quienes «no tenían ninguna autorización para recibirlo».
En esta supuesta treta de malversación están sindicados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Alexander Juárez, ahora exdiputados del partido Libertad y Refundación.
También afronta la justicia Augusto Domingo Cruz Asensio, represente del partido Va Movimiento Solidario (Vamos).
En su momento, el juez encargado de la causa ordenó que el caso debía ser archivado. Argumentó que correspondía una investigación previa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Empero, el Poder Judicial, a través de la Corte de Apelaciones, declaró con lugar los recursos de la Fiscalía, reanudando el caso en septiembre de 2020. No obstante, desde entonces, no hay avances en el proceso.
PACTO DE IMPUNIDAD. Una acción más contra representantes del pueblo inició justo cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco excongresistas de la Red de Diputados.
En esa ocasión, el Poder Legislativo hizo una adenda a la Ley de Presupuesto que fue aprobada mediante el decreto número 141-2017.
Y, según la UFECIC, la modificación incluyó disposiciones diferentes a lo que se aprobó ante el pleno de diputados.
Además, señala que esos cambios produjeron la imposibilidad de iniciar investigaciones contra funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, precisamente como el caso de la Red de Diputados, hasta que culmine una investigación administrativa del TSC.
Los nacionalistas Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina son dos de los imputados del caso. Fungían como presidente y secretaria del Congreso cuando se dieron los hechos.
Los investigadores apuntan que ellos autorizaron el decreto pese a que la versión reformada no fue discutida en pleno, lo que derivó en múltiples denuncias públicas.
Ante ello, el Legislativo emitió una fe de erratas el 25 de enero de 2018, asegurando que lo ocurrido era «un simple error» y no un acto premeditado. Sin embargo, la UFECIC garantiza que, aún con la fe de erratas, el decreto cuenta con cambios de los que no tuvieron noción todos los diputados.
El juez que conoció la causa sobreseyó definitivamente a Antonio Rivera Callejas y declaró «no ha lugar» la petición del MP de elevar a juicio oral la causa contra Sara Medina, por lo que la acusación quedó archivada.
El ente acusador del Estado también quiso proceder contra el cachureco Tomás Zambrano, pero la autoridad judicial suspendió el procedimiento y lo libró de responsabilidades.
Otro nacionalista, Ramón Villeda Aguilar, es el único que aún afronta la justicia por el Pacto de Impunidad. Está a la espera del juicio oral.
UFECIC buscó la culpabilidad de los cuatro involucrados por los delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y contra la forma de gobierno.
En el mismo caso, los fiscales indagaron -y pidieron la declaración- de los diputados Yuri Sabas, Mario Pérez, Francisco Rivera, César Handal y Ana Joselina Fortín. Sin embargo, no se emprendió acciones contra ellos.
SIGUEN LAS PESQUISAS. En una línea independiente, la Uferco investiga al exdiputado Luis Javier Menocal, quien también ocupó un curul bajo la ideología de la agrupación de la estrella solitaria.
Una auditoría del TSC desveló que recursos del Estado habrían ido a parar a una radio y una compañía que serían propiedad Menocal.
Un total de 6.5 millones habrían sido sustraídos a través de la Fundación Hondureña de Desarrollo Social (Funhdes), una oenegé. Presuntamente, hasta la madre del señalado habría recibido dinero.
BLINDADOS. La incriminación de estos funcionarios demuestra lo resquebrajada que está la institucionalidad en el país, valoró el analista José Luis Herrera.
«Quienes se encargan de edificar la constitución del Estado se han encargado de drenar las instituciones públicas», lamentó.
Apuntó que desde la cámara legislativa se han encargado de hacer acuerdos de impunidad y aprobar una serie de leyes que vuelven turbio el proceso de rendición de cuentas, promoviendo la opacidad.
«No responden a intereses colectivos, ciudadanos, sino a sus cuentas bancarias y a partidos políticos en específico. Llegan al gobierno a enriquecerse de manera ilícita, a costillas del pueblo», aseveró.
ESTRUCTURA DICTATORIAL. Refiriéndose a que el Partido Nacional es el que más diputados sumó a los procesos judiciales, Herrera dijo que no le parece sorprendente, pues la institución ha intentado mantenerse en el poder de diversas formas porque no goza de credibilidad o respaldo popular.
Describió que recurren en parte al dinero, mismo que obtienen a través del narcotráfico y el desfalco de instituciones.
«Tienen que ser millonarios y sostener las redes clientelares (activistas) que tienen a través de todo el país y lo hacen a través de coimas, salarios onerosos y corrupción», expuso.
Agregó que también crean leyes que impiden la fiscalización y, como «remate», también hacen uso de las armas.
Según reportes, hay muchos más diputados que están bajo el ojo de los fiscales, pero ese posible escenario aún no se ha hecho público y no se han iniciado más procesos judiciales.
