SAN SALVADOR, El Salvador
A menos de una semana de la entrada en vigencia de la ley que convierte al bitcóin en la segunda moneda de curso legal en El Salvador, se empieza a desnudar el entramado de empresas detrás de la logística para la implementación de la polémica medida, muchos de ellos cercanos al entorno del presidente Nayib Bukele.
El nombre más relevante es el de la jefa del Gabinete del mandatario, Martha Carolina Recinos de Bernal, quien figura como parte de la directiva de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (ETESAL), una de las firmas del Grupo CEL que –junto a la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuchapán– son propietarias de la aplicación ‘Chivo Wallet’, promovida por el Gobierno para que la población empiece a usar el bitcóin en sus transacciones cotidianas.
Además, ese entramado es dueño de toda la red de cajeros automáticos Chivo, dispuestos para que los salvadoreños empiecen a hacer sus operaciones con bitcóin.
La información fue desvelada esta semana por medios locales, que ponen el énfasis en una cuestión clave: Recinos de Bernal fue incluida recientemente en una lista de funcionarios «corruptos» sancionados por EE.UU.
‘Chivo Wallet’ es la aplicación con la que el Gobierno de Bukele pretende masificar el uso del bitcóin en el país centroamericano.
La víspera de la entrada en vigencia de la ley, el mandatario instó a la población a descargarla para tener acceso a los 30 dólares que se darían a los nuevos usuarios para compras en criptomoneda.
La creación de la empresa detrás de esa aplicación también está bajo la lupa. Según una investigación de El Faro, una firma privada creada hace 22 años por una institución autónoma, llamada Inversiones El Salvador No. 1, se cambió de nombre hace menos de un mes a «Chivo, Sociedad Anónima de Capital Variable» y recibió 60 millones de dólares, provenientes del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), que serían utilizados para la compra de bitcoines.
Así, en la práctica, una empresa privada con fondos públicos está a cargo de la gigantesca operación de implementar el bitcóin en un país caracterizado por su dificultad para el acceso a internet, con escasa bancarización y poco conocimiento sobre el uso de los criptoactivos.
La promesa que ha hecho el Gobierno es que esta medida beneficiará a los receptores de las remesas, de las que depende alrededor de 25 % de la economía, y que ahora deberían pasar por ‘Chivo’.
En este contexto, la preocupación es doble: por una parte, porque al ser una empresa privada (a cargo de una de las apuestas económicas de mayor envergadura en los últimos años en El Salvador) no está obligada a regirse por las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información ni puede ser fiscalizada por la Corte de Cuentas de la República; y por otro, porque la inclusión de una persona sancionada por «participar en un mecanismo lavado de dinero» en el entramado de firmas que sostiene a Chivo, puede generar más desconfianza en las entidades financieras internacionales que ya ven con ojeriza la decisión de Bukele.
De acuerdo a la investigación de El Faro, la junta directiva de Chivo está integrada por Óscar Mauricio Figueroa Torres, como administrador único suplente, y Raymond Francisco Villalta Alfaro, como propietario y representante legal. Sus atribuciones son tan amplias que pueden tomar decisiones sin mayores consultas, incluida la venta de bienes.
Lo curioso es que, hasta julio de este año, Figueroa Torres, de 27 años, figura como director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (Setefe) del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Villalta Alfaro, de 28 años, aparece como director suplente del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), según el Portal de Transparencia de El Salvador.
El reciente cambio de nombre la empresa y las pautas de su funcionamiento generan suspicacias, no solo porque ha sido constituida por fondos públicos y actúa como compañía privada, sino porque sería la receptora de buena parte del fideicomiso de 150 millones de dólares que el Gobierno aprobó para la instalación de la red de cajeros automáticos para bitcoines y el ‘incentivo’ de 30 dólares en esa criptodivisa para que los adultos salvadoreños se incorporen a estas transacciones.
Además, la celeridad con la que se ha implementado la controvertida medida –criticada insistentemente por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)- contrasta con la escasísima información sobre el funcionamiento y la volatilidad del bitcóin en la población, lo que ha provocado la protesta de la sociedad salvadoreña.
Según varios sondeos de la opinión, más del 70 % de la población desconoce cómo funciona el bitcóin, pero ese dato no detuvo al Gobierno.
El martes, un Bukele pletórico anunció la entrada en vigor de la ley con plomo en el ala: durante esa jornada hubo protestas, la aplicación Chivo experimentó fallos técnicos y la criptodivisa se desplomó en 17%. (Con información de RT).
