BILBAO, España
Unas 4,5 millones de personas fueron contabilizadas en España viviendo en situación de pobreza severa, el 9,5% de la población, al inicio de la pandemia, un millón más que en 2008, según un informe difundido por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).
“La gran mayoría de las personas en pobreza severa son españolas (72%), muchas de ellas con un nivel educativo medio (53%) o alto (17,9%) y, además, con trabajo (27,5%) y con vivienda (95,2%)”, informan los autores del estudio en una nota de prensa.
Según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de julio de este año, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, se considera que una unidad de consumo está en situación de pobreza severa cuando no supera unos ingresos de 6.417,3 euros anuales.
Esto para una pareja con dos hijos menores supone 281 euros mensuales para cada uno o 535 euros, si se vive solo, para afrontar todos los gastos.
Los autores del estudio también constataron que las personas en esta situación se alimentan peor, viven en hogares peor dotados y cuando consiguen trabajar lo hacen en trabajos presenciales, lo cual les expone más al COVID-19.
Por estas razones, desde la EAPN-ES se manifestó su “apuesta por prorrogar las medidas de protección social puestas en marcha para hacer frente a la crisis social y sanitaria”.
El presidente de la Red Europea contra la Pobreza, Carlos Susías, hizo hincapié en la presentación del estudio en la necesidad de “mejorar la cuantía del Ingreso Mínimo Vital situándolo por encima del umbral de pobreza, así como su cobertura, para que llegue a todas las personas que lo necesitan”, dijo.
El Ingreso Mínimo Vital se aprobó en mayo de 2020, como una de las medidas estrella del Gobierno español de la coalición de izquierdas y garantiza una renta mínima de 462 euros al mes, que se va incrementando en función de las circunstancias y puede llegar hasta los 1.050 euros mensuales.
En su presentación, el Gobierno español se marcó como objetivo que llegase a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas; sin embargo según datos difundidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el pasado mayo, coincidiendo con el primer año de su puesta en marcha, solo había sido tramitado para 260.206 hogares y un total de 682.808 beneficiarios.
El Ministerio de Inclusión argumentó en varias ocasiones para justificar este retraso la falta de personal, la avalancha de solicitudes y la complejidad de los trámites y comprobaciones para su aprobación, que incluyen a varias Administraciones.
Para paliar esta situación, anunció varios refuerzos de personal en los últimos meses. (Con información de Sputnik).
