MANAGUA, Nicaragua
Si los votantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) la convierten en la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro pretende dar un golpe de timón a la vida política nacional al librar la consulta con vistas a una Asamblea Nacional Constituyente y comenzar a edificar un sistema de socialismo democrático.
Tales fueron de los principales cintillos de prensa que dejó el 5 de septiembre la presentación del llamado Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático por Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
Pero en sus posibles primeros 100 días en Casa Presidencial la ex primera dama tiene previsto también la solicitud de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la derogación de una serie de legislaciones adoptadas durante 12 años de administración del Partido Nacional (derecha), como la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la de Escuchas y la del Congreso.
Ante un auditorio que la aupó, Castro defendió su proyecto de socialismo democrático como la solución para reducir la pobreza en Honduras, la mejora de los servicios sociales como educación y salud, y garantía del acceso a las tierras y a los créditos para los campesinos
Y en el plano internacional adelantó que establecerá relaciones comerciales con China.
«En mis primeros días de gobierno voy crear 200.000 empleos», aventuró la política capitalina de 61 años de edad que ya aspiró a la primera magistratura en los comicios generales de 2013.
En la introducción el documento programático de Libre define como «el peor daño que hemos sufrido los hondureños de nuestra generación es el régimen que se ha instalado en la última década», en referencia al Gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), y el Partido Nacional, que llegó poder tras las cuestionadas elecciones de 2013 y 2017.
Las consecuencias de catástrofes naturales provocadas por los intensos huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, el 70% de la población que vive en pobreza y con un precario acceso a alimentos agua, luz, transporte y medicinas, las cientos de empresas y miles de emprendimientos familiares en quiebra, y los millones de hondureños a quienes el sistema empuja a la migración irregular, figuran en el inventario de males que Libre aspira a enmendar.
En un repaso histórico que fundamenta la actual situación el Plan de Gobierno de Libre parte del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al cual señala como el inicio de una involución al autoritarismo, que «originó una degradación acelerada en la incipiente democracia y de las débiles instituciones republicanas (y) destruyó el estado de derecho».
«El Ejecutivo subordinó a los poderes paritarios e independientes del Estado que debían equilibrarlo y devino dictadura. Como un cáncer en metástasis, esa dictadura cada día más descarada se descompuso luego en corrupción generalizada, en todas las instituciones de Gobierno», resume el texto.
Refiere que el tercer fraude —el de las elecciones de noviembre de 2017, que extendieron por otros cuatro años el gobierno de JOH— apoyado por Estados Unidos, sus aliados y las armas, frustró al pueblo hondureño la esperanza de cambiar las cosas de manera pacífica, al tiempo que se agravó el abuso de los bienes comunes, el extractivismo, el descontrol de los factores ambientales, la deforestación y la contaminación.
Para Libre el agotamiento del modelo político de la Constitución de 1982 exige una nueva Carta Magna que cimente de nuevo y edifique la libertad, sin atenerse a una mera reforma del sistema electoral.
La propuesta de la Asamblea Constituyente debe incluir a todos los sectores de la sociedad catracha y el documento los menciona: (civiles y militares; empresarios y obreros; agricultores, ganaderos y campesinos; mestizos, criollos, blancos, indígenas, negros; religiosos y laicos).
«El programa de Gobierno que propongo aboga por cambiar el sistema obsoleto y agotado que nos oprime y construir la democracia participativa, y refundarla sobre criterios renovados, nacidos del debate general», adelantó Castro a sus correligionarios.
Y agregó: «En el gobierno de Libre la democracia y el poder popular serán la palanca y el punto de apoyo, las herramientas principales para lograr una distribución equitativa de los beneficios sociales. Se sustentará en construir el poder del pueblo soberano y en la operación de mecanismos que garanticen mayor participación en la toma de decisiones, para que el pueblo asuma con sus propias manos la conducción del destino colectivo y defienda a la nación contra maleantes».
El primer aviso, simbólico además, de lo que sería una administración de Libre lo dio Xiomara Castro el 29 de junio, cuando en un encuentro con simpatizantes aseguró que entre sus primeros actos de gobierno estaría la venta del avión presidencial catracho, un arma de campaña electoral que puso de moda el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Esta vez además de confirmar la puesta en venta de la aeronave ejecutiva, la candidata de Libre adelantó que revisará los contratos de energía y la factura por ese rubro, con la finalidad de volver a darles a los hondureños los combustibles más baratos de Centroamérica, y la realización de una auditoría internacional sobre la deuda interna y externa.
El posible gobierno de Libre trabajará por la recuperación de instituciones públicas como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Otro propósito apunta a la revisión de los salarios de los funcionarios del Estado, que calificó de desproporcionados y una muestra de los graves daños causados al país por el modelo neoliberal.
Castro anunció que su fórmula se completará con los designados (en la práctica vicepresidentes) Renato Pineda, Natalie Roque y Lucky Halach Medina. (Con información de Sputnik).
