Cuestionan tardanza del gobierno ante la intervención de Energía Honduras

Redacción El Pulso2 septiembre, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, cuestionó del porqué la Superintendencia de Alianzas Públicas y Privadas (SAPP) realizó la intervención hasta este momento del consorcio Energía Honduras y no cuando comenzaron las denuncias sobre su gestión.

“La energía es un insumo muy importante para el país y nos preocupa la manera cómo se da la situación. Tenemos muchas preguntas, una de ellas es el tiempo en que se ejecuta esta acción, ya que está próxima a un proceso electoral; esperamos que las razones no sean políticas porque se ha tenido la oportunidad de reparar y tomar acción durante años”, enfatizó.

Asimismo, criticó que en la intervención haya presencia militar ya que considera que es un golpe de la seguridad jurídica del país, lo cual afectaría a futuras inversiones.

“Es lamentable cómo entraron los interventores acompañados por la fuerza militar, eso deja mucho que desear y si futuros inversionistas ven esas imágenes mandan una señal negativa. Solo se puede lidiar en términos de dialogo, arbitraje o legales, nunca militarmente, se deben revisar las acciones”, dijo.

Lamentó que no se haya agotado todas las instancias, ya que el arbitraje, lo podía realizar la Cámara de Comercio.

El líder gremial cuestionó que el contrato expone que ambas empresas tenían responsabilidades compartidas, por tanto, se deben levantar cargos contra exfuncionarios de la estatal por su mala gestión.

En contraposición, el director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) Carlos Hernández, consideró que la intervención es correcta, pero muy tardía, lo que causa que ahora que el operador privado genere presión de llegar a un acuerdo.

“Se tardó mucho la SAPP en intervenir, posteriormente hay un lapso de 12 a 18 meses, de encontrarse un problema se va a un arbitraje donde exponen ambas empresas sus las fallas, pero EEH va a presionar y distorsionar lo que está pasando”, aseguró.

Mencionó que se debe llegar a un acuerdo que beneficie a la sociedad porque el Estado no puede pagar por un mal servicio, que ha generado un consumo mensual de 10 millones de dólares y un gasto total de más de 600 millones de dólares respecto a la duración del contrato.

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