TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional de Honduras encabeza el penúltimo lugar en América Latina en transparencia legislativa, según un informe presentado el martes por organismos internacionales, en conjunto con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo al reporte, el Legislativo se queda con una calificación de 21.8, superando a la Asamblea Nacional de Venezuela que alcanzó el 16.3, por lo que son las entidades que no cumplen con varios parámetros medidos por los realizadores del estudio.
En cuanto al renglón de la transparencia, «Chile, Costa Rica y Paraguay obtienen el mayor nivel de cumplimiento (superior al 70 por ciento). En la la dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa, obtienen el menor nivel de cumplimento, Panamá, Perú, Honduras y Venezuela logran puntajes bajo el 11 por ciento».
«El Congreso Nacional de la República de Honduras presenta un resultado altamente deficitario en su nivel de transparencia ya que se encuentra muy por debajo del promedio regional, situándose en el penúltimo lugar
del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL)», reza el documento.
El ILTL, en el caso hondureño, desde que se aprobaron las sesiones virtuales «el Congreso Nacional sancionó 126 decretos legislativos entre el 1 de enero y 15 de diciembre de 2020. El eje con mayor incidencia en el período fue economía y finanzas, que representó el 45,2 por ciento del total de leyes sancionadas. Asimismo, no se tiene información de las veces que sesionaron las comisiones para temas de salud y presupuesto, ya que, no hay información oficial publicada».
«…Mucho menos se conformó una comisión especial de seguimiento al covid-19. Con respecto a la publicación de la información, el Congreso Nacional a través de la transparencia activa ha mostrado notables falencias que se venían arrastrando desde pasado y que se han agravado en la actualidad producto de la pandemia por covid-19, ya que, mucha de la información no se publica históricamente o se publica de forma parcial», establece otro de los apartados.
En la actualidad, reza otro de los hallazgos, el portal y sitio web del Congreso no cuenta con la subida de la información y en algunas aristas no se actualiza desde 2019. «Sin embargo, a través de la transparencia reactiva la situación es aún peor, debido a que las solicitudes de información pública no son contestadas, aunque la vía legal sea agotada. Lo que genera un verdadero retroceso en tema de acceso a la información pública y la transparencia con la que se debe de mostrar el Congreso para con las demás instituciones, sociedad civil y la ciudadanía en general».
A pesar que se cuentan con herramientas para fomentar y garantizar la transparencia «existen una serie de restricciones informativas como, por ejemplo, la falta de publicidad de las declaraciones patrimoniales; la inexistencia de declaraciones de intereses; y la falta de normativa respecto de las actividades de Cabildeo o Lobby».
«También se advierten importantes restricciones en el acceso a la información en materias propias de la Labor del Congreso, ámbito en el cual, por ejemplo, solo se puede acceder a limitada información respecto de la
tramitación legislativa y no se cuenta con acceso alguno a las funciones de control político», se constata.
Al respecto, el director de la ASJ, Carlos Hernández, dijo que entre los principales desafíos del Congreso Nacional son «implementar prácticas participativas de rendición de cuentas, de manera que se pueda tener acceso a la ejecución detallada del gasto de las bancadas y los legisladores, así como, de las auditorías
presupuestarias realizadas».
«En definitiva, mayor publicidad en la información acerca del funcionamiento, presupuesto y labor del Congreso. Optimizando los canales de denuncia, así como, la respuesta de los mismos y la capacitación a funcionarios y ciudadanos en dichos temas», exteriorizó.
El informe sugiere que debe «de existir máxima publicidad en las declaraciones patrimoniales. Se requiere la existencia de declaraciones de conflicto de interés. Se necesita la creación normativa de leyes encaminadas a regular el cabildeo o lobby».
Asimismo, se plantea la necesidad de dar «mayor publicidad en el acceso a la información en materias propias de la labor del Congreso. Se requiere la implementación de planes de parlamento abierto. Se necesita publicidad absoluta de la información que se genera en las comisiones, como asistencia y votaciones; memorias legislativas y registro de reuniones».
