TEGUCIGALPA, Honduras
Familiares de los ocho defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol en Tocoa, ubicada a más de 500 kilómetros al noreste de la capital, presos por casi dos años, denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) persecución penal por la fiscalía y los tribunales de justicia.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció que de manera arbitraria la fiscalía solicitó la ampliación de la prisión preventiva contra ocho defensores de la comunidad sin que hasta la fecha se anuncie que la causa sea elevada a juicio oral y público.
“Pedimos acción de protección frente a las acciones del Ministerio Público y el tribunal de justicia de Trujillo de estar dispuestos a prolongar más años de torturas y que han sometido a nuestras familias por la defensa ambiental que hemos hecho frente a la ilegal imposición del proyecto minero”, detalla el documento.
Los defensores dijeron que los privados de libertad son Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz, quien lleva dos años preso tras ser capturado en diciembre de 2018 por oponerse al extractivismo en los recursos naturales con que cuenta la comunidad.
A los defensores se les supone responsable de tres delitos por incendio agravado y privación injusta de la libertad, mientras que a uno de ellos se le acusa de usurpación y daños esto tras las protestas contra la empresa Los Pinares por la explotación minera en la comunidad y el daño a los ríos San Pedro y Guapinol.
“Nuestra libertad no va a costa de perder nuestros ríos o migrar. La gente ve que esta empresa está cada vez va más fuerte; la empresa no para de trabajar día y noche, se escucha el ruido exagerado que uno se despierta de noche, es una tortura, hasta tiembla la tierra; es algo exagerado”, dijo un familiar de los detenidos.
Cabe señalar que el conflicto inició en 2018 y hasta el momento ha dejado seis personas muertas, unos 32 ambientalistas acusados penalmente, ocho de estos en prisión.
