El concesionario privado de Puerto Cortés, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), anunció un arbitraje internacional contra Honduras por la reciente adjudicación de la concesión para construir una moderna terminal marítima en Omoa.
La concesión, aprobada por diputados de diversas bancadas por 25 años, da luz verde para que un consorcio 100 por ciento hondureño convierta a Omoa en ciudad Puerto.
La inversión, que es 100 por ciento capital privado, asciende a 120 millones de dólares (unos 2,800 millones de lempiras) y sólo en su primera fase generará más de 2,000 empleos así como una gran derrama económica en la ciudad y el departamento de Cortés.
Este proyecto fue declarado de interés nacional en virtud de que tendrá tres grandes ejes: carga, cabotaje y cruceros turísticos. Se estima que inicie operaciones a finales de 2023 o principios de 2024.
El diputado Mauricio Villeda reconoció el viernes pasado que el puerto en Omoa le hará competencia a Puerto Cortés.
“Lo que aprobaron (los diputados) fue una concesión para crear una terminal marítima portuaria en Omoa, este sería un puerto privado que obviamente le va a hacer la competencia a un puerto nacional como lo es Puerto Cortés”, aseguró Villeda.
Cabe destacar que Puerto Cortés es nacional y la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) la concesionaria de capital extranjero que lo administra.
En caso de que Puerto Cortés y la OPC no tomen medidas para competir, Villeda reconoció que “es posible que Puerto Cortés llegue a fracasar, llegue a quebrar porque Omoa está muy cerca de Puerto Cortés”.
Por su parte, el diputado Samir Molina lamentó que Villeda, siendo diputado, esté a favor de ahuyentar la inversión privada en el afán de favorecer los intereses de un grupo económico.
“Usted no puede estar hablando mal del trabajo legislativo que hacemos los diputados, el Congreso Nacional está facultado para aprobar y crear nuevos puertos y aeropuertos en el país, hay que ponerse en acción a trabajar y dejar de hacerle daño al país ahuyentando la inversión extranjera”, refutó el diputado Molina.
“Dígale al pueblo hondureño que su bufete jurídico está representando a algunas empresas que tenían concesiones y que actualmente están demandando al Estado de Honduras, y si esas demandas logran consolidarse se pagarán con los impuestos de todos”, explicó Molina.
OMOA SE LEVANTA. El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, dijo “este proyecto viene a abrirle la puerta a la inversión al municipio de Omoa. Es un proyecto anhelado por todos nosotros que siempre hemos querido tener un puerto aquí en Omoa y no digamos de turismo y de cabotaje”.
Afirmó que «este es el mejor proyecto habido en los siglos de existencia que tiene el municipio, pero hay algo que tenemos que aclarar: estamos de acuerdo en los 120 millones de dólares de inversión porque este pueblo trabajo es lo que más necesita”.
El edil advirtió que lo único que debe revisarse son las exoneraciones aprobadas y que están contempladas en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, decreto 51-2011 especialmente sin ser excluyente, en relación a lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 35, 40, 41 y 42 de la misma.
El contrato de concesión del puerto en Omoa es a 25 años a partir de la concesión y el proyecto fue acompañado por el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
A fin de promover las inversiones, el CNI trabaja con la colaboración del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).
OPC. En una carta dirigida al ministro de Finanzas, Luis Mata, OPC anuncia que han instado formalmente el «inicio del proceso de Trato Directo previo al proceso de Arbitraje Internacional conforme a las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI”) en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.
Advierten que ahí someterán las «las irreconciliables diferencias y graves perjuicios económicos, entre otros, ocasionados por los persistentes incumplimientos por parte del Estado de Honduras al referido contrato de la concesión».
Mediante ese contrato, OPC ganó el diseño, financiamiento, conservación, operación y explotación de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés.
«El reclamo que contiene la solicitud de resarcimiento, entre otros conceptos, asciende a sumas sustancialmente mayores a DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10,000,000.00), lo que indefectiblemente nos dirige hacia el arbitraje internacional» advierten.
Afirman que uno de los conceptos que conforma el reclamo es la concesión otorgada por el Congreso Nacional, el 20 de julio de 2021, para el contrato de concesión de SERVICIOS PORTUARIOS PARA LA TERMINAL MARITIMA PORTUARIA DE CRUCEROS, BUQUES MERCANTES Y CABOTAJE EN EL PUERTO DE OMOA.
«El desarrollo de este puerto en Omoa, Cortés, causa ya serios perjuicios económicos en virtud de que el equilibrio económico y financiero de nuestro contrato ha sido roto unilateralmente, y ello modifica las condiciones bajo las cuales se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés» aseguran.
Cabe destacar que OPC tiene exclusividad en Puerto Cortés, siendo el responsable de su modernización para volverlo más competitivo. Sin embargo, en ningún punto ha quedado establecido que esa concesión limita a Honduras a abrir y operar nuevos puertos marítimos en otros polos de desarrollo del país.
