TEGUCIGALPA, Honduras
En la sesión virtual del pasado jueves 15 de julio, la Junta Directiva del Congreso Nacional aprobó una resolución relacionada al caso Pacto de Impunidad y Fe de Erratas, que favorece a los diputados Sara Medina y Román Villeda acusados por la fenecida MACCIH, por los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
Medina y Villeda fueron acusados al modificar de forma irregular la Ley de Presupuesto del Poder Legislativo para beneficiar a los imputados en el caso Red de Diputados donde fondos públicos fueron a dar a cuentas personales y oenegés fantasmas.
En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno y se incluyó la imposibilidad al Ministerio Público de iniciar investigaciones contra funcionarios que manejen fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no culmine la investigación administrativa en plazo de tres años, lo que ha significado como salvoconducto a los funcionarios acusados por corrupción.
El Mecanismo de Seguimiento y Revisión de Estilo del Congreso Nacional respondió a una solicitud hecha por el Poder Judicial en noviembre de 2020 bajo el principio de prejuicialidad en la que se le pide al Congreso Nacional determinar si existió la comisión de alguna infracción administrativa y en su caso su respectiva sanción contra los imputados.
Según la justificación de la Junta Directiva del parlamento, del 2005 al 2017 se hizo uso de la Fe de Erratas en más de 73 ocasiones ya sea por errores de forma o contenido y no se impuso ningún tipo de sanción a los congresistas.
El Mecanismo de Seguimiento y Control eximió de cualquier tipo de responsabilidad, penal, civil o administrativa por la firma estampada en el decreto 141-2017 que dio origen al pacto de impunidad.
“Lo que se probó fue una resolución que es contraria a la Ley Orgánica y que en realidad la orientación es proteger a todos aquellos diputados que cometan errores ya sean voluntarios o involuntarios sin generarles ninguna responsabilidad penal, civil o administrativa”, reaccionó la parlamentaria opositora, Doris Gutiérrez.
Por su parte, el apoderado legal de la diputada Medina, Félix Ávila alabó la acción de la directiva del Congreso ya que, según él, “lo que hizo el Congreso fue valorar la situación y exoneró de responsabilidades entendiendo que lo único que hizo fue firmar un decreto”.
“Soy defensor de la institucionalidad y da pena que parlamentarios hablen del Congreso Nacional, lo que se dio fue la aprobación de una resolución y yo todo el tiempo dije que fue una acción de carácter parlamentaria y de hecho no había ningún tipo de delito”, justificó Villeda.
Con esta acción el blindaje parlamentario se robusteció al dejar prácticamente imposibilitado al Ministerio Público de poder ejercer acción penal contra los padres de la patria.
