Es necesario que se dé una salida democrática a la propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) a fin de resolver el entuerto de la ampliación presupuestaria que ascendería hasta los 800 millones de lempira para financiar los comicios venideros de noviembre próximo para no repetir lo ocurrido tras la crisis poselectoral de noviembre de 2017 cuando hubo más de una veintena de muertes.
Es urgente resolver ese impasse, ya sea desde la presión social o el consenso de todas las fuerzas políticas a fin de garantizar unas elecciones transparentes y creíbles, que den certeza de quién ganó el proceso y no se generen dudas o señalamientos de fraude, pues vivimos en una sociedad altamente polarizada y se alimenta de la incertidumbre; no hay necesidad de angustiar más a una población que hoy vive las penurias dejadas por el coronavirus y los estragos de Eta e Iota.
El principal cuello de botella para salir de esa crisis es el mismo Congreso, quien debe buscar una solución al pedido del CNE ya que los plazos establecidos en el cronograma electoral se van venciendo. En caso de que se entrampara la discusión, la autoridad reguladora de los comicios podrá alegar, con justa razón, que las votaciones están en peligro. Dejemos algo claro: Los tres consejeros tienen alta responsabilidad por no haber planificado a tiempo cómo se van a transmitir los resultados de la contienda del 28 de noviembre al asegurar que los hondureños tendríamos un novedoso mecanismo de divulgación que resultó una verdadera burla a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en marzo anterior, nos vieron cara de idiotas.
Ahora que los consejeros (Kelvin Aguirre ya tomó línea que le mandó el Partido Nacional) comienzan a presionar para que se aprueben los 800 millones, líderes del oficialismo al unísono dicen que eso no es posible, que temen un tabletazo en las generales que los desaloje irremediablemente del poder; consideran que Libre está detrás de una trama conspirativa a través de su operadora Rixi Moncada, quien a su vez influye en la liberal Ana Paola Hall para hacer valer la mayoría en el CNE y que se les dé el dinero.
Claro, de nada servirá esa mayoría mecánica que tiene la oposición en el organismo si el Congreso es dominado por el nacionalismo y sus satélites diseminados en los llamados partidos bonsáis quienes han servido de comparsa y los activarán para impedir cualquier iniciativa de las fuerzas contrarias… Recurrirán a la dilación para que se venzan los plazos fatales y no resultará extraño que la confrontación se eleve.
En consecuencia, la ausencia de voluntad política será la regla… Esperemos unas elecciones virulentas, denuncias de fraude contra el oficialismo, volveremos a ser la primera plana en el mundo por los muertos que se registren durante las protestas poselectorales.
Insistimos, es urgente ejercer presión para resolver ese problema. Es mejor invertir en democracia que llorar muertes innecesarias de hondureños que solo pedían se les respetara su voluntad que manifestaron en las urnas. ¿Hasta dónde podrá llegar los conflictos de intereses entre el oficialismo y la oposición?
Se viene a la mente el informe de la OACNUDH, elaborado en 2018, el precisa que «en gran medida, las protestas que estallaron en reacción a la percibida falta de imparcialidad en las elecciones presidenciales podrían tener sus raíces en la polarización política y social que surgió después del golpe de Estado de 2009 y en el hecho de que no se hayan emprendido reformas institucionales, políticas, económicas y sociales fundamentales para abordar los enraizados problemas y reclamos por injusticias».
«…La OACNUDH siguió documentando actos de violencia, intimidación y amenazas, tanto individuales como colectivos, contra los defensores de los derechos humanos. También documentó violaciones de derechos a la intimidad y a la propiedad, por ejemplo, al ser objeto de vigilancia y seguimiento, toma de fotografías y el robo de computadoras, en un contexto de estigmatización constante de su trabajo, en particular por parte de representantes gubernamentales de alto nivel. En 2017, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, establecido en el marco de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, dictó medidas de protección a favor de 69 defensores de derechos humanos», explica otro de los apartados.
Es más, la oficina local de la OACNUDH consideró en aquel momento que «las protestas que estallaron como reacción a la falta de imparcialidad percibida del proceso electoral y los resultados presidenciales, tienen sus raíces en el legado no resuelto del golpe de Estado de 2009, entre otros, la polarización política y social y el hecho de que no se hayan abordado las deficiencias del Estado. La OACNUDH considera que el riesgo de que se siga deteriorando la situación de los derechos humanos sigue siendo alto, a menos que se investiguen las violaciones de derechos humanos y se rinda cuentas de las mismas sin demoras y se emprendan y apliquen las reformas pendientes en los sectores social, económico, del estado de derecho y de la seguridad».
Para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse, es un imperativo categórico resolver ese problema que mantiene enfrentados al oficialismo y oposición. ¿O es necesario que se derrame la sangre como ocurrió en 2017 para comprender que no vale la pena interponer los intereses personales a los de país en un tema muy delicado como las elecciones? Los políticos tienen la respuesta.
