TEGUCIGALPA, Honduras
(Por: Evelyn Molina) Hace unos 30 años, minutos después de las 7:00 de la mañana, el 15 de julio de 1991, el entonces director de extinta Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, Isidro Pineda, denunció en una estación de radio, que había recibido varios llamadas anónimas indicando que el cuerpo de una de las normalistas se encontraba sin vida y mutilado en el tramo que conduce del barrio El Chile a la colonia Cerro Grande.
Pasaron pocos minutos para que las autoridades informaran cruento crimen en contra de la normalista Riccy Mabel Martínez Sevilla, nacida en 1973.
Se supo por las autoridades que Martínez Sevilla había llegado dos días antes al Primer Batallón de Comunicaciones, ubicado en la aldea capitalina Las Tapias con la finalidad de solicitar la pronta liberación de su novio Rubén Hurtado Padilla, quien había sido reclutado un mes antes, para cumplir el servicio militar obligatorio.
Ese mismo día, la normalista desapareció misteriosamente; fue secuestrada, violada y brutalmente asesinada por al menos cuatro hombres, según exámenes forenses practicados en la ropa íntima de la víctima. Los análisis fueron practicados en EE.UU., por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El 15 de julio de 1991, fue encontrado el cuerpo de la normalista completamente desnudo, mutilado, semidesfigurado y en estado de descomposición. La ahora occisa, quien iba a cumplir 18 años, fue tirada en una hondonada de aproximadamente cinco metros de profundidad y de difícil acceso.
En ese entonces, el suceso fue un caso sin precedentes en la historia delictiva de Honduras, que puso a prueba el limitado y débil sistema judicial y uno de los hechos más dantescos practicados por funcionarios de las FFAA, considerados un poder omnímodo en el país, reconocida mundialmente por incurrir en violaciones a DDHH y delitos de lesa humanidad.
El cuerpo de la adolescente presentaba muestras de extrema tortura, una barbarie y sadismo jamás antes vista en la historia noticiosa en Honduras. En el levantamiento del cuerpo, la morgue -adscrita al Poder Judicial-, constató signos de torturas, mutilaciones, fracturas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cráneo, huesos de las manos y dientes quebrados.
Asimismo, en el examen posmortem se detectó que Martínez quedó sin lengua, sin el seno derecho, sin las principales vísceras que supuestamente fueron extraídas por las aves de rapiña. En tanto, la vulva fue destruida a causa de una violación masiva.
En este crimen sin precedentes, un testigo clave del crimen fue Esteban García, vendedor de helados, quien afirmó haber visto a la adolescente por última vez con vida. Días después, apareció muerto tras haber declarado contra los militares. Se dijo que falleció tras un atraco, aunque quedaron más preguntas que respuestas en torno al crimen. García sufrió los efectos colaterales de haber desafiado al poder. En lenguaje militar, con el conero hubo un control de daños.
De acuerdo a la confesión del comerciante, eran casi las 6:30 de la tarde cuando había finalizado su jornada y se disponía a retornar al centro de Tegucigalpa cuando observó a la salida del batallón a la joven normalista, quien fue levantada por un picop Hyundai amarillo idéntico al utilizado por un uniformado; dos días después, el testigo clave supo del fatal desenlace de la joven y concluyó que era aquella muchacha que buscaba la libertad de su novio.
En el desarrollo de los hechos, se conoció que los responsables de tal atrocidad, el coronel Ángel Castillo Maradiaga y el exjefe del batallón, Ovidio Coello Andino, trataron de eludir la justicia común al ampararse en el fuero militar. Años después, en 1993 , eran condenados por un juzgado penal por cargos de homicidio y violación.
A pesar de la sentencia, la sociedad tachó el fallo con el calificativo que “la justicia fue generosa» al castigarlos con una pena demasiado corta para un crimen tan monstruoso y aberrante, en contra de una adolescente.
Un particularidad del caso fue que aunque las pruebas incriminaban a Castillo Maradiaga y Ovidio Coello Andino, el sargento Santos Eusebio Ilovares Fúnez, se presentó ante los tribunales como responsable del asesinato y de inmediato fue apresado. Días después declaraba que había sido forzado a hacerlo y en otro desajuste de la justicia era absuelto Castillo Maradiaga y solo Ilovares pagaba las consecuencias.
Otra de las irregularidades del caso fue que el coronel Castillo Maradiaga fue puesto en libertad, diez años después, con el silencio casi total de la prensa.
A lo largo de estas tres décadas, se ha sostenido la evaluación de que este caso en particular inició el proceso de desmilitarización de Honduras, pero no se pudo neutralizar la impunidad e inmunidad de la que aún gozan los militares.
Otra particularidad es que por primera vez se utilizó en el país la prueba de ADN, a pesar de las limitaciones económicas de Honduras y que el sistema de investigación criminal aún sigue atrasado y obsoleto.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), fue uno de los principales patrocinadores de varias protestas con relación al caso. Desde 1991 y por muchos años, se vio a la Escuela Normal Mixta, protestar con pañuelos negros y mensajes insignes, durante los desfiles del 15 de septiembre, exigiendo justicia para Martínez Sevilla.
Además, en las principales ciudades del país, sobre todo en Tegucigalpa y en su ciudad La Ceiba, hubo multitudinarias concentraciones públicas de jóvenes estudiantes para reclamar justicia bajo las consignas: «castigo a los culpables» y «no a la impunidad».
Han pasado 30 años de impunidad porque nada podrá compensar, aun a pesar del paso del tiempo, la vida de una mujer que para esta fecha tendría 47 años. El luto continúa en su familia y en la sociedad que recuerda este terrible caso de agresión contra una mujer.
Riccy Mabel Martínez Sevilla (1973-1991), era originaria de La Ceiba, situada a unos 400 kilómetros al noreste de la capital y al momento de su asesinato era estudiante de tercer año de magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio.
