Moncada y Hall advierten que peligran generales; Aguirre toma línea del nacionalismo

Redacción El Pulso14 julio, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras

El divisionismo en el Consejo Nacional Electoral se evidenció la noche del martes cuando las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Rixi Moncada alertaron que peligran los comicios generales de noviembre próximo porque el Legislativo se resiste aprobar la ampliación presupuestaria para financiar el proceso venidero.

En cambio, el consejero de filiación nacionalista Kelvin Aguirre, en una clara desventaja, salió al paso de las advertencias hechas por sus dos compañeras al garantizar que sí habrán elecciones transparentes y libres, por lo que se tiene garantizado el presupuesto.

Al respecto, las dos funcionarias alertaron que a 47 días de la aprobación de la nueva Ley Electoral «que manda a verificar la huella dactilar de los votantes en cada una de las 18 mil 396 Juntas Receptoras de Votos y adjudicar el sistema de transmisión y divulgación de los resultados preliminares el 27 de julio próximo, no se cuenta con el Presupuesto Especial para Elecciones Generales y la Ley Especial para habilitar las compras y contrataciones de equipo, materiales y servicios, ocasionando un grave perjuicio en el desarrollo de las actividades del Cronograma Electoral».

«Resulta incomprensible cualquier obstrucción a las elecciones generales encontrándonos a cuatro meses de su realización. Esta delicada situación que debilita los esfuerzos de la autoridad electoral para que estas elecciones sean limpias y creíbles, es agudizada por declaraciones políticas desafortunadas que minan la confianza ciudadana en su proceso electoral», señalaron.

Mandaron a decir a la sociedad que «que la falta de aprobación de las herramientas solicitadas para el correcto desenvolvimiento de las elecciones, ponen en precario el cronograma electoral. De no atenderse de inmediato esta obligación, peligra llegarse a un punto de total desfase y sin retorno y. por lo tanto, lesivo a la norma constitucional de realizar comicios el domingo 28 de noviembre próximo».

Además, pidieron a todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo que la aprobación inmediata y urgente de la Ley Especial que habilita las compras y contrataciones electorales y su respectivo presupuesto.

En las antípodas, Aguirre declaró a un noticiero local que sí están garantizadas las generales, pues con los recursos que posee el CNE «se ha desarrollado con éxito el cronograma electoral hasta la fecha. Seguiré abanderando la construcción de un sistema de transmisión que garantice la transparencia el 28 de noviembre».

No obstante, dijo que su postura se mantiene, en el sentido que «manifesté desde las primarias la importancia de que se transmitan los resultados de las elecciones generales».

Estas dos posiciones se dan a pocos días que se cumpla el plazo fatal para la contratación de la empresa que deberá dar el soporte tecnológico al CNE en cuanto a la aplicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no operó durante la contienda de marzo anterior y que derivó en una tardía divulgación de datos, lo que generó un fuerte reclamo en los actores políticos y sociales.

En caso de que se deje vencer la fecha máxima, los hondureños concurrirán a elecciones sin una certeza de que sabrán en cuestión de horas quién ganó las elecciones generales, por lo que podría desatarse una crisis igual o peor a la ocurrida en 2017 cuando la oficina de DDHH de la ONU y organizaciones defensoras de la vida reportaron más de una veintena de fallecidos por las denuncias de fraude achacadas al oficialismo.

De hecho, la postura de Aguirre -aunque muy matizada- está alineada con los intereses nacionalistas de boicotear cualquier forma de democratizar la transmisión de resultados; el presidente de la formación nacionalista David Chávez y sus leales insisten que Hall y Moncada, defienden a ultranza a Yani Rosenthal y Manuel Zelaya en el CNE, buscan imponer un tabletazo al presionar para que se compren tablets a fin de agilizar la transmisión de actas digitalizadas lo que impediría, o reduciría a mínimos, cualquier posibilidad de fraude.

Desde la trinchera del Legislativo, el vicepresidente Antonio Rivera y el prosecretario Renán Inestroza mantienen el mismo discurso; Toño vio improbable que se puedan transmitir resultados desde históricos bastiones conservadores como Lempira e Intibucá ya que muchas comunidades no cuentan con conexión a internet o energía eléctrica, lo que dificultaría saber cuál candidato presidencial se impuso en esas regiones.

Desde el Ejecutivo, Juan Orlando Hernández también dijo, sin presentar pruebas, que se busca evitar una dramática caída del sistema como ocurrió en Bolivia en las últimas elecciones de 2019 y 2020, por lo que envió de manera escamoteada línea de partido a fin de bloquear cualquier presión opositora para otorgar unos 800 millones a la autoridad electoral.

En tanto, Libre y el Partido Liberal acusan a su rival de frustrar cualquier atisbo de democratización ya que aseguran que el oficialismo busca robarse los comicios como ocurrió en 2013 y 2017.

Los actores sociales, por su lado, insisten en la necesidad que la asamblea unicameral identifique los fondos y apruebe la solicitud del CNE a modo de que procedan a la compra de las tablets.

Todo apunta que la pugna por la multimillonaria suma se debatirá con una fuerte presión social; EE.UU. y la Unión Europea podrían tener un papel protagónico en esta pugna por la implementación del TREP y los aparatos electrónicos, que supondría un fuerte golpe a los intereses del partido de Hernández.

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