SAN SALVADOR, El Salvador
La noticia del aumento del salario mínimo alegró a muchos en El Salvador, pero igual provocó una inquietud en otros… ¿a qué costo?
El tema genera sentimientos encontrados desde que el presidente Nayib Bukele hiciera el anuncio de un inédito aumento del 20% al salario mínimo, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de agosto.
Por un lado, está la inevitable alegría de engrosar la economía doméstica, que en algunos sectores representaría hasta 60 dólares más, un plus significativo en tiempos de crisis y pandemia, y mucho mayor que el alza previa, aprobada en 2017.
Pero también hay inquietud respecto a cómo repercutirá este aumento en los precios, y cómo financiará el Gobierno los subsidios establecidos para que las empresas cubran el monto adicional que deberán devengar sus empleados.
La propuesta gubernamental fue aprobada por el Consejo Superior del Salario Mínimo, integrado por tres representantes del sector público, dos de los trabajadores y dos de los empleadores, con sus respectivos suplentes.
Sin embargo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) alegó que necesitaba analizar el estudio técnico de la iniciativa antes de avalarla, y finalmente no entregó su dictamen sobre una medida que consideró abrupta e insostenible en el tiempo.
«Qué lástima que ANEP no quiso dar su apoyo, pero con el actual liderazgo, era de esperarse», tuiteó Bukele, quien sostuvo múltiples encontronazos en redes sociales con la cúpula empresarial, en particular con el exprecandidato presidencial Javier Simán.
En 2017, el salario mínimo fue fijado en 300 dólares mensuales para el comercio y los servicios; 295 dólares para el sector textil y confección; y 249 dólares para la agricultura.
Según cálculos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), la Canasta Básica Ampliada ronda los 404.74 dólares en el área urbana y los 288.86 dólares en la rural, cifras superiores al ingreso promedio de los salvadoreños.
Con esto en la mira, el Gobierno propuso un incremento del 20% en un salario mínimo que «apenas está arañando el nivel promedio, todavía sigue siendo indigno», en palabras del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rolando Castro.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial, los trabajadores del sector agropecuario, pesca, recolección de café y otras actividades agrícolas, cobrarían ocho dólares por jornada laboral de ocho horas.
A su vez, los empleados del sector comercio, servicios, industria, maquila, ingenios y otras actividades de la agroindustria cobrarían entre 8.96 y 12 dólares por jornada laboral de ocho horas.
En declaraciones a la prensa nacional, Castro valoró los efectos de este incremento, pues «dispara un poco la dinamización económica e incluso el crecimiento del Producto Interno Bruto» y cubre durante un año a la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
«En la Unidad de Inteligencia de Mercado Laboral tenemos estudios y nunca ha habido reflejo de que eso (el alza del salario mínimo) ha logrado repercutir en desempleo. Ha sido un argumento político, técnicamente no tiene sustento», acotó Castro.
Además, para reducir la presión sobre la oferta local de alimentos y controlar los precios de los productos de consumo, la administración Bukele reforzará la entrega de paquetes de alimentos a la población, sin distinción, como hace desde la irrupción del COVID-19.Pero los agricultores de maíz, frijol y arroz ya advirtieron que no tienen capacidad para asumir de la noche a la mañana un alza de casi 40 dólares en el pago a sus jornaleros, y más con la creciente importación de alimentos para los mencionados paquetes.
Luis Treminio, titular de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), afirmó en rueda de prensa que tal incremento requeriría subsidios a la producción nacional, y su sector no está incluido en el plan de ayudas.
«Nosotros solicitamos a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA (impuesto de valor agregado) de los insumos agrícolas y hasta el momento no hemos tenido ninguna repuesta», expuso.
Ya el Gobierno anunció que destinará 100 millones de dólares en subsidios, aunque economistas locales estiman que el Estado necesitaría el doble para subvencionar el aumento al salario mínimo a las empresas.
Este subsidio será financiado con el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), administrado por el Bando de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), adelantó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
