TEGUCIGALPA, Honduras
(Nota de la Redacción). El Pulso se solidariza con el periódico salvadoreño El Faro ante la arremetida que emprende el presidente Nayib Bukele contra los medios independientes de ese país centroamericano. El hecho de ordenar la expulsión del editor de origen mexicano Daniel Lizárraga -un reconocido periodista de investigación y autor del libro La casa blanca de Enrique Peña Nieto- demuestra la deriva autoritaria de un gobernante que prometió gobernar para todos los salvadoreños, pero está recurriendo a prácticas de viejos dictadores tropicales del siglo XX al censurar a quienes considera sus «enemigos». No se puede tolerar tales conductas de individuos que se toman el derecho de decir quién informa o no, por lo que es necesario que se respete de manera irrestricta la libertad de expresión.
El gobierno de Nayib Bukele asestó un fuerte golpe a la libertad de expresión con la expulsión del reconocido periodista Daniel Lizárraga, quien ejercía funciones como editor en el periódico El Faro.
Un editorial de la publicación salvadoreña explica que con la abrupta salida del colaborador es «una grave escalada en la serie de ataques contra El Faro y contra el periodismo salvadoreño».
«La resolución entregada a Lizárraga por agentes migratorios, especifica que se le ha negado el permiso de trabajo y de residencia por no haber podido probar que es editor o periodista. Es un argumento tan absurdo y bajero como los utilizados por el Ministerio de Hacienda en el curso de las auditorías que lleva a cabo también contra este medio», reza uno de los apartados del editorial.
Según El Faro, «la verdadera razón de su expulsión no es que no pueda acreditar ser un periodista profesional; sino lo contrario: que es un periodista especializado en investigar casos de corrupción. Eso es lo que verdaderamente molesta al régimen de Bukele, tan plagado de escándalos de corrupción como comprometido con proteger a sus propios corruptos».
«Los actos de corrupción en este Gobierno no solo han sido reportados en investigaciones periodísticas, sino confirmados en los reportes de la hoy extinta Cicíes; y en las conclusiones de la comisión del Congreso estadounidense que preparó la llamada Lista Engel. La respuesta del gobernante que prometió combatir la corrupción ha sido proteger a los funcionarios señalados y perseguir a la prensa», cuestiona la postura editorial.
La empresa informativa que dirige Carlos Dada apuntó sus dardos contra el Ejecutivo cuscatleco, a quien denunció una sistemática campaña de asedio contra el cuerpo de periodistas que se han especializado en investigaciones sobre actos de corrupción en la función pública.
«Por eso llevan meses en campaña de acoso, ataques, censuras y amenazas contra El Faro y contra el periodismo que escapa de su control. En su concepción del poder, no tienen cabida ni las organizaciones ni las universidades ni los periodistas críticos; ni las instituciones encargadas de ejercer contraloría, de investigar o de garantizar acceso a la información pública. Ni siquiera la Constitución ni nuestros cuerpos de leyes merecen el respeto de quienes hoy gobiernan», cuestionan.
Los responsables del editorial rememoraron la la resolución 12-2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que emitió medidas cautelares a favor de 34 empleados de El Faro. «Eso incluye una comparecencia presidencial de Bukele en cadena nacional, en la que nos acusó, sin prueba alguna, de lavar dinero. Incluye también amenazas y campañas difamatorias orquestadas en Casa Presidencial y publicadas en plataformas administradas por el Estado o por funcionarios del Gobierno de Bukele, así como seguimientos y obstáculos a nuestro trabajo».
«Pero todos los esfuerzos de este régimen por callar a la prensa son inútiles -prosigue-, incluyendo la expulsión de Daniel Lizárraga. Él trabajará con nosotros, independientemente del lugar donde se encuentre. Su expulsión es una expresión de la naturaleza del régimen que se ha instalado en El Salvador, no un impedimento a que los talentos de Lizárraga y todos nuestros colaboradores sean puestos al servicio de El Faro y nuestros lectores».
No es la primera vez que Bukele emprende acciones autoritarias contra los medios críticos a su gestión como presidente. En septiembre de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos.
Según la organización que engloba a los medios de la región «la actitud de Bukele es la misma práctica de estigmatización y descrédito que estamos observando en Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela».
«La acción gubernamental fue en aparente represalia contra El Faro por sus investigaciones periodísticas; una de las más recientes relacionada con una negociación secreta del gobierno de Bukele con la organización criminal Mara Salvatrucha, de cara a las elecciones de 2021″, señaló la SIP.
Bukele, desde que asumió el gobierno hace varios años, emprendió una desmedida cacería contra periódicos como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Mundo, Factum y Gato Encerrado.
Al respecto, la cadena alemana Deutsche Welle consignó que «las denuncias de violaciones a la libertad de prensa en El Salvador se elevaron más del 62 por ciento en 2020 respecto al año anterior, de acuerdo con un informe proporcionado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, alertó que «es bastante preocupante» el «constante aumento en vulneraciones a la prensa». Agregó que en 2020 se registraron 125 vulneraciones contra el ejercicio periodístico, mientras que en 2019 se reportaron 77 y en 2018 un total de 65.
«De acuerdo con estos datos, las supuestas violaciones a la libertad de prensa alcanzaron 92,3 por ciento de incremento en 2020, respecto al 2018. Cárcamo afirmó que estas afectaciones son atribuidas en más del 90 por ciento al Estado, principalmente a funcionarios del Ejecutivo de Nayib Bukele», informó.
