Gobierno de JOH creó más de 30 fuerzas de seguridad en ocho años; violencia sigue imparable

TEGUCIGALPA, Honduras  (Por Asael Barahona) “Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños…”. En 2014 asumió el poder de la nación Juan Orlando Hernández quien en su campaña política prometió contrarrestar la ola de violencia y criminalidad que azotaba a Honduras. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, los índices de criminalidad florecieron, según los datos...
ABarahona6 julio, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras 

(Por Asael Barahona) “Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños…”. En 2014 asumió el poder de la nación Juan Orlando Hernández quien en su campaña política prometió contrarrestar la ola de violencia y criminalidad que azotaba a Honduras.

Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, los índices de criminalidad florecieron, según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entre 2006 y 2009 la tasa de homicidios fue de 40,6 por cada cien mil habitantes.

El rompimiento del orden constitucional generó que a finales de 2009 la tasa de homicidios se incrementara a 55,6 por cada cien mil habitantes.

La coyuntura política permitió que el Partido Nacional se alzara en el poder bajo la dirección del expresidente Porfirio Lobo; para el primer año de gobierno los homicidios aumentaron a un 74,9 por ciento y para su tercer año a 86,5 siendo Honduras uno de los países más violentos del mundo, superando incluso a los países que se encontraban en guerra.

En 2014 Hernández asume el poder orquestando desde el periodo de Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional, un plan de militarización ciudadana y aumento de los fondos estatales para la atenuada y la corrompida Policía Nacional.

EL PLAN ORQUESTADO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE HERNÁNDEZ. Siendo en ese momento el titular del Legislativo y candidato por la presidencia, Hernández, en contubernio con Lobo, creó en 2012 la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) con la finalidad de fortalecer la información que pudiera representar un peligro para la seguridad nacional.

Continuando el plan de rearme, el 22 de agosto de 2013, se aprobó el decreto 168-2013 presentado por Hernández para crear la Policía Militar del Orden Público (PMOP). A finales de 2015 la PMOP recibió de la Tasa de Seguridad más de 735 millones de lempiras para su funcionamiento.

En noviembre de 2013 nace la Unidad Nacional Antisecuestro con asistencia técnica del Departamento de Estado de EE.UU., con la finalidad de combatir los secuestros que en ese año reportaba 34 personas raptadas.

Como una promesa de devolver la “paz y tranquilidad a los hondureños”, en enero de 2014 el gobernante creó la de la policía élite denominada Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) para combatir la delincuencia organizada.

El 24 de febrero de 2014 se crea la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) integrada por miembros de las FFAA, Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia, fiscales del Ministerio Público y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo en la actualidad el organismo que lidera las acciones contra la delincuencia común, organizada y la narcoactividad.

En su séptimo año de funcionamiento, las autoridades de Fusina arguyen que redujeron los homicidios de 69.88 por cada cien mil habitantes a 37.6 homicidios salvando así unas 70 mil vidas; se han detenido a más de siete mil 500 personas por tráfico de drogas; más de 68 mil plantaciones de marihuana destruidas y más de 500 de cocaína incineradas.

El 5 de marzo de ese mismo año, Hernández lanzó la unidad de la policía denominada Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivos de Información (Sercaa), yaciendo su función organizar la inteligencia policial.

LOS CRÍMENES DE LA ATIC. El 18 de marzo de 2014, bajo el decreto legislativo número 379-2013, se creó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que vino a sustituir más de una década después a la extinta Dirección de Investigación Criminal (DIC, posteriormente trasladada a la Secretaría de Seguridad)   con la misión de investigar casos de alto impacto.

Desde su creación, el ente ha estado plagado de denuncias de asesinados de civiles como el famoso caso del asesinado de la agente Sherill Yubissa Hernández Mancía, el pasado 11 de junio de 2018, en Santa Rosa de Copán.

El octubre de 2019, el fiscal general Óscar Chinchilla, mandó a decir que la muerte de Hernández Mancía fue por suicidio y no asesinato como lo sostuvo en su momento la exdirectora de Medicina Forense Julissa Villanueva. De hecho, la exfuncionaria reveló que se estaba encubriendo el crimen, por lo que responsabilizó al director del organismo Ricardo Castro.

Asimismo, se registraron otros dos hechos que dejó en duda la efectividad de la ATIC: en septiembre de ese mismo año fueron sacados de su vivienda dos estudiantes por supuestos agentes y horas después aparecieron sin vida en un paraje solitario de la capital.

En cuestión de días, otro grupo de funcionarios estuvieron involucrados en la muerte de dos sujetos en una gasolinera de San Pedro Sula; una de las víctimas era miembro de la banda los Olanchanos y en fecha reciente había salido del presidio donde sirvió condena.

En su momento, portavoces del brazo armado del Ministerio Público se limitaron a decir que realizarían operativos en maquilas y fábricas de ropa a fin de determinar quiénes estarían proporcionando de manera ilegal la indumentaria a miembros de bandas criminales para perpetrar acciones delincuenciales.

Al cierre de este reportaje, no hay noticias sobre los operativos y los hallazgos en torno a la clonación de uniformes.

El 1 de septiembre de 2015, mediante decreto ejecutivo PCM 063-2015, creó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con el fin de reducir los niveles de impunidad e implementar investigaciones técnico-científicas debido a que en ese momento entre ocho a nueve de cada diez casos de crímenes quedaban en la impunidad.

LAS RECIENTES ESTRUCTURAS. La agobiante extorsión, tráfico de drogas y armas generada por las maras y pandillas que operan en las principales ciudades del país obligó al gobierno crear la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp) en junio de 2018. Previamente, al cuerpo armado -bajo control de las FFAA a través del coronel Amílcar Hernández- era conocido como la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

Según sus autoridades, al alcanzar los dos años de creación se logró la captura de mil 699 cabecillas, administradores y coordinadores de estructuras criminales además el decomiso de cuatro toneladas de cocaína y 336 armas de fuego.

A finales de ese mismo año, se creó la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), sin embargo, los centros penales continúan reflejando el control que mantiene la delincuencia organizada.

Solo en 2019 se registraron ocho hechos violentos en las cárceles del país, sobre todo, en las denominadas de máxima seguridad dejando más de 72 privados de libertad asesinados, lo que generó que Hernández nombrara una Junta Interventora integrada en su mayoría por militares.

Buscando frenar la criminalidad en el transporte colectivo de pasajeros, en marzo de 2019, el gobernante creó la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano (FNSTU) conformada en su momento por 500 agentes, entre funcionarios policiales y FFAA.

En los últimos diez años se contabiliza alrededor de mil 900 muertes de conductores del transporte.

Hasta la fecha, la FNSTU no la logrado erradicar los ataques contra operadores y auxiliares del rubro. La mayoría de los hechos violentos ocurrieron en venganza porque las víctimas no pagaron extorsión.

A MÁS CUERPOS DE SEGURIDAD, MENOS RESULTADOS. Entre la extensa lista de unidades creadas por el mando de Hernández está la Unidad de Intervención de Comunicaciones (UIC).

Asimismo, fue creada la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria (DSA) instaurada el 23 de julio de 2014; la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que sustituyó a la Dirección Nacional de Tránsito; la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), bajo esta dirección está la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), el Comando de Operaciones Especiales (Cobra), la Unidad Antimotines y la Unidad Aeropolicial.

También se creó Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE) de la que se desprende la Unidad Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, la Unidad de Protección de Dignatarios (Prodig), la Unidad de Seguridad de Diplomáticos y Cuerpo Consular, la Unidad Especial de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario (UEP), Unidad de Protección a los defensores del Medioambiente y el Patrimonio Cultural.

La lista continúa con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA); la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) que cuenta con la Unidad de Policía Portuaria, Unidad de Policía Aeroportuaria, Unidad de Policía Migratoria, Unidad de Control de Aviación Civil y Embarcaciones y la Unidad de Policía Aduanera; la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP); la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol); la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la que se desprende las Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria, las Unidades Metropolitanas de Prevención y Seguridad Comunitaria, la División de Policía Escolar, la División de Policía Turística y la División de Equidad de Género.

La Fuerza de Tareas contra Delitos Financieros (OPIF); Fuerza de Tareas contra los Crímenes Violentos; la Unidad Nacional Antisecuestro, y el Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOET).

En su último año de gobierno, Lobo Sosa cerró con una tasa de homicidios de 77,4; en el primer año de Hernández se redujo a 69,8 y al cerrar su primer periodo fue de 43,8 similar a la tasa de 2009.

Sin embargo, en 2009 hubo tres mil 018 asesinatos mientras que en 2018 aumentó en 323 más, dato que refleja que con base a número de personas víctimas de homicidios aumentó.

Logrando reelegirse como gobernante, Hernández continuó su cruzada en materia de seguridad, para 2018 se reportó una tasa de homicidios de 41,6, no obstante, en 2019 alcanzó 43,6 y en 2020 37,5 debido al confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del Covid-19.

En el gobierno de Zelaya el año con más violencia fue en 2008 con cuatro mil 473 homicidios; bajo la administración de Lobo Sosa fue en 2012 con siete mil 172; en el primer periodo de Hernández fue en 2014 con cinco mil 936 y en su segundo periodo, que aún no concluye, fue 2019 con tres mil 732.

LA MILITARIZACIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA. El 12 de abril de 2016, Hernández nombró la comisión depuradora de la Policía Nacional integrada por el pastor evangélico, Alberto Solórzano; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el actual director del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera.

Entre 2016 a 2020, la interventora evaluó a 19 mil 500 miembros de la fuerza pública; cerca de seis mil 500 fueron depurados y un 33 por ciento de estos fueron remitidos al Ministerio Público para su judicialización.

En una revisión se pudo constatar que ha habido pocos avances en torno a los procesos judiciales incoados contra exfuncionarios que podrían estar involucrados en ilícitos.

Con la puesta en marcha de la PMOP, Fusina y Tigres, se encumbró la militarización en las funciones policiales reflejando el debilitamiento de la Policía Nacional.

Entre los años 2014 y 2017, el Estado incrementó considerablemente el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional. En ese periodo, los fondos aumentaron en un 55.6 por ciento, representando el 2.9 por ciento del presupuesto.

Al sumar los recursos nacionales distribuidos entre los subsectores de seguridad, defensa y justicia, 41.4 por ciento fueron destinados a las Fuerzas Armadas.

De 2012 a 2014 se denunciaron de forma oficial al menos nueve asesinatos, 20 casos de torturas y más de 30 detenciones ilegales a manos de efectivos militares.

En 2015 unos 24 militares fueron puestos a la disposición de la justicia del país acusados de homicidio, tortura, extorsión, robo, rapto, entre otros.

Para 2017, tras la crisis política desatada por la reelección de Hernández, se registró 23 personas asesinadas por agentes militares y policiales.

 EL PODERÍO POLICIAL Y MILITAR. Según el sitio web Global Fire Power (GFP), Honduras es el segundo país de Centroamérica con mayor gasto y poderío en las Fuerzas Armadas y el número 110 a nivel mundial; cuenta con alrededor de 20 mil efectivos militares y se destinan más de ocho mil millones de lempiras del Presupuesto General de la República.

La Policía Nacional cuenta con alrededor de 20 mil agentes y se destinan al año tres mil 200 millones de lempiras.

Los datos recabados por el equipo de investigación de El Pulso indican que desde que Hernández llegó al poder conformó 42 unidades policiales, las principales entidades son híbridas al incorporar militares.

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