RÍO DE JANEIRO, Brasil
La Procuraduría General de la República de Brasil pidió abrir una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por un presunto delito de prevaricación (faltar conscientemente a los deberes de su cargo) después de haber sido informado de posibles irregularidades en la compra de la vacuna Covaxin contra el COVID-19.
En la petición, el viceprocurador general Humberto Jacques de Medeiros afirma que hay que aclarar las circunstancias del eventual aviso dado a Bolsonaro para ver si realmente configura un delito de prevaricación, porque el delito en sí habría sido cometido por funcionarios públicos: «Que se aclare lo que se hizo después del encuentro en términos de adopción de medidas», escribió, según adelantó el portal de noticias G1.
El viceprocurador quiere que el presidente Bolsonaro preste declaración, pero el Supremo Tribunal Federal aún debate si puede enviar su postura por escrito o si debe ser interrogado de forma presencial.
En los últimos días salieron a la luz diversos indicios de irregularidades en el contrato firmado por el Ministerio de Salud de Brasil para adquirir 20 millones de dosis de las vacunas Covaxin de la India.
El contrato, que no se llegó a ejecutar y esta semana fue cancelado por el Ministerio de Salud, se había firmado con Precisa, una farmacéutica brasileña que ejercía de intermediaria con el laboratorio indio Bharat Biotech, fabricante de las vacunas.
Cada dosis de la vacuna negociada a 15 dólares, un precio muy superior al de otras vacunas disponibles en el mercado, como las de Pfizer, por ejemplo, que fueron ignoradas durante meses por el Gobierno.
Las prisas y las presiones dentro del Ministerio de Salud para firmar el contrato fueron denunciadas por el funcionario del Ministerio encargado de la importación, Luis Ricardo Miranda, y por su hermano, el diputado federal Luis Miranda.
Los dos se reunieron con Bolsonaro el 20 de marzo para alertarle de lo que estaba ocurriendo dentro del ministerio, pero según su versión, el presidente no tomó ninguna medida.
En respuesta a estas revelaciones, esta semana el Gobierno cesó al director del departamento de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias.
El Gobierno defiende que no hay nada irregular porque el contrato para comprar las vacunas no llegó a ejecutarse, por lo que no hubo desembolso de dinero público.
Las presuntas irregularidades están siendo investigadas por la comisión especial del Senado que busca aclarar si el Gobierno cometió delitos en la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia.
La Procuraduría General de la República presentó un recurso al Tribunal Supremo pidiendo esperar a que terminaran los trabajos de esa comisión para decidir si investigaba a Bolsonaro o no.
Sin embargo, la jueza del Tribunal Supremo Rosa Weber rechazó esa petición y forzó a la Fiscalía a tomar una decisión inmediatamente.
El posible delito de prevaricación cometido por Bolsonaro se incluyó esta semana en una «superpetición» de «impeachment» contra el presidente presentada por varios partidos y decenas de organizaciones sociales. (Con información de Sputnik).
