El tiempo ha transcurrido muy rápido desde la mañana del domingo 28 de junio de 2009, cuando se sacó por las armas a un presidente democráticamente electo.-Desde entonces, la institucionalidad hondureña ha estado bajo constante asedio. Una profunda crisis económica, política y social que no ha podido superarse hasta el momento. Los gobiernos sucedáneos no han podido -o no han querido- hacer frente a los efectos causados por ese hecho que nos hizo retroceder, al menos, medio siglo de progreso.
Esta fecha no debería pasar en el olvido, ni para quienes participaron en la asonada como los afectados por ese hecho, a fin de -como bien dijo en su momento la extinta Comisión de la Verdad y Reconciliación- para que los hechos no se repitan. A pesar de esa máxima que creíamos que todo lo acontecido tras el 28 de junio jamás volvería a repetirse, pero lo estamos volviendo a vivir. No se han cumplido las recomendaciones de esa entidad para retomar el camino de la democracia y el Estado de derecho que se rompió con el golpe.
Es necesario retomar algunas consideraciones de la Comisión de la Verdad para generar incidencia para recomponer el hilo constitucional, se reactiven los resortes de los pesos y contrapesos, pero, sobre todo, que se respete la voluntad soberana en las urnas.
De hecho, los autores del informe que fue entregado hace exactamente una década, dan muchas luces que debían estarse cumpliendo a cabalidad y citaremos algunos a continuación:
1. Finalmente, no podemos obviar el hecho que una de las causas principales de la crisis política que vive la sociedad hondureña desde el año 2009 se encuentra relacionada con los procesos para el cambio del orden constitucional. En ese sentido, opinamos que la sociedad hondureña debe de asumir con la suficiente responsabilidad dicho proceso de cambio, ya sea el que se orienta a una nueva Constitución o el que busca las reformas a la constitución vigente.
2. Restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas; facultades del Congreso de la República; reformas a los llamados “remedios constitucionales”, reformas a la restricción y suspensión de derechos fundamentales; revisión de normas constitucionales referidas a procedimientos de control del poder o de fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas; delito de traición a la patria; mecanismos de extensión del presupuesto nacional por parte del Congreso Nacional.
3. En Honduras respecto a la reforma constitucional enfrenta el problema de que, paradójicamente, por la propia redacción de los artículos como los 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera imposible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una asamblea nacional constituyente, pues ello podría entenderse como una modificación de artículos“inmodificables”. Para buscar una salida a este dilema, los comisionados proponemos seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna, que defiende la meta-juridicidad y meta-constitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente. Los comisionados opinamos que es de importancia reconocer que los artículos constitucionales denominados “pétreos” representan un mecanismo que no puede restringir, bajo ningún concepto teórico, el poder reformador constituyente, por ser éste metajurídico y metaconstitucional. Si bien su existencia se da en la práctica, las normas pétreas resultan inconvenientes para la delimitación de respuestas constitucionales a los cambios históricos de una sociedad y a las nuevas generaciones.
4. Estamos conscientes, no obstante, de que en la inclusión de la prohibición de reelección, dentro de las normas pétreas en la Constitución de 1982, primó la idea de que, históricamente, uno de los principales problemas de la vida política hondureña ha sido la predisposición de quienes han ostentado el poder de prolongarse o perpetuarse en él. En consecuencia, hay una clara tendencia a identificar el tema de la reforma general de la Constitución a través de una asamblea nacional constituyente con el de la reelección, pese a que, conceptualmente, se trata de dos problemas de ámbito distinto.
5. Recomendamos que en la Constitución de la república, revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente. La normativa marco de regulación de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas debe ser restringida para poder generar una subordinación ante el Poder Civil que no permita al poder castrense el tener poder de decisión unilateral en temas fundamentales como la protección de la Constitución política. La historia de Centroamérica revela debilidades estructurales en cuanto a los excesos del poder militar. Si bien en los casos que estudia el presente Informe no se generaron efectos tan perniciosos como en el pasado, se ha revelado que las Fuerzas Armadas se responsabilizaron de decisiones que sobrepasaban su subordinación ante el Poder Civil, basándose en la amplitud competencial que le otorga la normativa constitucional.
6. Crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos.
7. El Estado de Honduras en cumplimiento de sus obligaciones internacionales debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, debiendo garantizar a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso, incluyendo su presunción de inocencia, asistencia letrada, acceso pleno al acervo probatorio y oportunidades de examen y contradicción de la evidencia. Para ello, el Gobierno de Honduras ha de dar al Ministerio Público y jueces competentes el apoyo técnico, logístico y presupuestario necesario para llevar a cabo con éxito estas investigaciones y procesamientos.
8. Las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben someter su actuación ante las violaciones a los derechos humanos derivadas del 28 de junio de 2009 a un consejo nacional de la magistratura para determinar si se contrarió el derecho a la “protección judicial” reconocido por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades nacionales correspondientes deben reconocer a aquellos funcionarios que en las diferentes instituciones competentes han actuado de manera ejemplar en el ejercicio de sus funciones, esforzándose por investigar rigurosamente las violaciones a los derechos humanos y asistir debidamente a las víctimas.
9. Garantizar a los pueblos tribales e indígenas el acceso a la justicia en su propia lengua o a través de intérpretes u otros medios eficaces, tal como se establece en el artículo 12 del Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
10. El Gobierno y el Congreso Nacional de Honduras deben comprometerse públicamente con las víctimas a reparar el daño que sus agentes les causaron, con criterios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, debiendo establecer un plan nacional de reparaciones para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio 2009.
Al trasluz de estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, llegamos a la conclusión que las mismas no se han cumplido. Hasta la fecha, no hay la voluntad política de ninguna de las tres fuerzas mayoritarias (Partido Nacional, Liberal y Libre) para que se proceda a aplicar todos y cada uno de los enunciados de la entidad que confirmó que sí hubo golpe.
Es necesario recordar la urgencia de que se haga respetar la institucionalidad con la activación de un Tribunal Constitucional, la reparación de las víctimas de la represión emprendida por el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales de la asonada, a fin de que haya una verdadera reconciliación.
Es una verdadera desgracia que las organizaciones políticas opositoras al golpe se hayan olvidado, por amnesia o cuestiones meramente políticas e ideológicas, de un insumo tan importante que nos podría tener a la vanguardia en derechos humanos en América Latina y no estaríamos en el foso del mundo como nación violadora de las normativas nacionales e internacionales en el respeto a la vida humana.
También urge que se revise y regule el papel de las FFAA en el contexto del golpe de Estado, sacarla de su posición político partidaria y profesionalizarla, a fin de hacer cumplir el legado del expresidente Carlos Roberto Reina, quien desmilitarizó la institucionalidad, cooptada desde las dictaduras militares y que ese fantasma se ha vuelto a asomar, esta vez, parece que volvieron para quedarse.
Desde El Pulso reafirmamos nuestra solidaridad con las víctimas de la represión del Estado durante los siete meses de ignominia que vivió Honduras y comprendemos la urgencia de que haya justicia para los afectados y una sanción para quienes conspiraron contra el orden constitucional.
En El Pulso no estamos de lado de ningún presidente y ningún partido, sino de la historia y de la sociedad a la que nos debemos. No somos militantes políticos, sino cronistas de la historia, que nos toca plasmar miles y miles de letras para que las generaciones venideras comprendan los momentos que hemos vivido y la necesidad de que existan cambios en las sociedades.
Nuestro desvelo es que nadie vaya a la cama sin comer, que haya medicinas en los hospitales, que en los tribunales haya una verdadera impartición de justicia y algún día se nos respete como una nación digna y no se nos vea como unos viles miserables pidiendo dinero.
A 12 años del golpe de Estado, ni olvido ni perdón.
